
En un escenario político que sigue tensionado tras las elecciones presidenciales de junio, Jeannette Jara presentó en septiembre de 2025 un conjunto de propuestas en salud que buscaban aliviar la carga de pacientes crónicos y sus familias. Estas iniciativas, que no figuraban en su programa inicial, prometen la entrega de medicamentos a domicilio para personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años, además de una rebaja en el precio de los remedios mediante convenios entre Cenabast y cadenas farmacéuticas.
Desde Osorno, Jara defendió estas medidas como un paso hacia un sistema de salud más accesible y justo. Según sus palabras, la entrega a domicilio no sólo busca facilitar el acceso a los medicamentos, sino también reducir la merma por remedios no retirados y aliviar a los cuidadores, quienes a menudo deben dejar solos a sus familiares para hacer estas gestiones. “Esto va a disminuir mucho la merma de remedios vencidos y no retirados”, afirmó la candidata.
Sin embargo, la propuesta ha generado un debate intenso que refleja las profundas divisiones políticas y sociales que atraviesan el país. El oficialismo, representado en esta ocasión por Jara y respaldado por figuras como la exministra Soledad Barría, sostiene que estas medidas son un avance significativo hacia un sistema de salud universal, integrado y solidario, tal como lo plantean en el documento "Un Chile que cumple".
Por otro lado, sectores de oposición y expertos en salud advierten que, aunque bienintencionadas, estas propuestas carecen de un plan financiero claro y de un diseño operativo robusto para su implementación a escala nacional. Un economista consultado señaló que “sin un aumento sustancial en el presupuesto público y una reestructuración profunda, estas medidas podrían quedar en meras promesas electorales”.
Desde la perspectiva regional, en zonas como Los Lagos, donde la propuesta fue presentada, la recepción ha sido mixta. Mientras algunos pacientes y organizaciones sociales valoran la posibilidad de recibir remedios en sus hogares, otros cuestionan la capacidad logística del sistema público para sostener un programa de esta envergadura, especialmente en áreas rurales y aisladas.
Este contraste se profundiza al mirar el contexto histórico: la salud pública chilena ha enfrentado históricamente desafíos en la reducción de listas de espera, financiamiento y acceso equitativo. La propuesta de Jara se inserta en un debate más amplio sobre cómo avanzar hacia un modelo que no solo atienda necesidades inmediatas, sino que también garantice sostenibilidad y calidad.
En definitiva, estas iniciativas revelan no sólo las tensiones políticas entre un oficialismo que busca consolidar su agenda social y una oposición cautelosa, sino también las dificultades estructurales que enfrenta el sistema de salud chileno. La promesa de remedios a domicilio y precios más bajos abre una ventana de esperanza para muchos, pero también pone en evidencia la necesidad de un diálogo profundo y realista sobre los límites y posibilidades del Estado.
Lo que queda claro hasta ahora es que la salud pública seguirá siendo un terreno de disputa, donde las promesas deben medirse contra la capacidad de ejecución y la voluntad política para transformar el sistema. La historia de estas propuestas recién comienza, y su evolución será un termómetro para el futuro del bienestar social en Chile.