Disputa por garantías en el concurso 5G: ¿Legalidad o flexibilidad en juego?

Un choque entre la letra y el espíritu del contrato.

El 2 de septiembre de 2025, se hizo pública la controversia en torno al cobro de las boletas de garantía entregadas por WOM en el concurso público para la asignación de espectro 5G en Chile. La discusión gira en torno a si el Estado debe ejecutar el cobro íntegro de dichas garantías, tal como establecen las reglas originales del concurso, o si puede optar por una fórmula proporcional, que suavice las consecuencias económicas para la empresa tras incumplimientos.

Rodrigo Castillo, director académico y magíster en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez, advierte que "aceptar ahora una ejecución proporcional significaría cambiar las reglas después del partido" y que esto "debilita el principio de legalidad y certeza que deben regir en los contratos con el Estado".

Este argumento refleja una postura que prioriza la rigidez normativa y la protección del interés público mediante la certeza jurídica. En contraste, defensores de la fórmula proporcional plantean que una aplicación estricta podría ser excesivamente punitiva y desincentivar la participación futura en licitaciones, afectando la competitividad y la innovación en el sector telecomunicaciones.

Desde una mirada regional, el modelo chileno ha sido un referente en América Latina por privilegiar la cobertura y calidad del servicio sobre la mera recaudación fiscal. El debate actual pone en tensión ese legado, al cuestionar si la flexibilidad ante incumplimientos es compatible con la credibilidad del sistema.

En el plano político, la controversia ha generado divisiones claras. Algunos sectores del oficialismo insisten en respetar la letra del concurso para preservar la confianza en las instituciones. Mientras tanto, voces críticas y parte del empresariado abogan por mecanismos que permitan adaptarse a realidades cambiantes sin que ello implique un incumplimiento absoluto.

En el terreno social, usuarios y organizaciones civiles observan con preocupación que la disputa pueda afectar la velocidad y calidad del despliegue de la red 5G, clave para cerrar brechas digitales en zonas urbanas y rurales.

A casi tres meses del inicio del conflicto, el Consejo de Defensa del Estado evalúa la fórmula de conciliación propuesta, que contempla un cobro proporcional. Esta decisión no solo definirá el futuro inmediato de WOM, sino que marcará un precedente para futuras licitaciones públicas y la interpretación contractual en Chile.

Verdades y consecuencias claras emergen:

- La certeza jurídica es un pilar indispensable para la confianza en los procesos estatales, pero no puede ser un obstáculo para la adaptabilidad en contextos complejos.

- La manera en que se resuelva este caso impactará directamente en la percepción de la regulación estatal y en la disposición de empresas a invertir en infraestructura crítica.

- La tensión entre legalidad y flexibilidad refleja un dilema mayor en la gobernanza pública chilena, donde la rigidez normativa debe equilibrarse con la realidad dinámica de los mercados y la innovación tecnológica.

Este episodio, más que un simple conflicto contractual, invita a reflexionar sobre cómo Chile puede mantener un sistema regulatorio sólido y confiable, sin perder capacidad de respuesta ante los desafíos que plantea la modernización digital y el interés público.