Propuesta de retiro total de fondos de pensiones divide a Chile: ¿solución urgente o riesgo para el sistema?

Un anuncio que sacudió el debate previsional chileno se produjo el pasado 13 de noviembre, cuando el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami presentó una propuesta que promete dar un giro radical al sistema de pensiones: permitir el retiro total de los fondos acumulados para quienes tengan hasta $20 millones en sus cuentas individuales. Esta medida, según su equipo económico, beneficiaría al 80% de los cotizantes, quienes hoy enfrentan pensiones que rondan los $100.000 mensuales.

“Todos los chilenos y chilenas que tengan hasta 20 millones de pesos en su AFP podrán retirarlos. Todos y todas. El que tiene 21 millones, no. Porque lo que les entrega el sistema como pensión es miseria”, declaró Enríquez-Ominami, subrayando que los recursos podrían ser usados para pagar deudas, financiar educación, invertir en pequeños negocios o mejorar viviendas. Además, sostuvo que esta medida “es mejor que esa persona reciba hoy sus 20 millones y se acoja a la PGU, que les dará más seguridad que las pensiones de hambre que hoy entrega la AFP”.

Perspectivas encontradas

Este anuncio no tardó en generar un choque frontal entre distintos actores políticos, expertos y sectores sociales, que se han convertido en protagonistas de un nuevo episodio en la saga previsional chilena.

Por un lado, defensores de la propuesta destacan el carácter urgente y justo de la medida. Argumentan que el sistema actual es incapaz de garantizar una vejez digna para la mayoría y que entregar acceso inmediato a esos ahorros puede ser un alivio tangible para miles de familias. El economista Camilo Lagos, parte del equipo de campaña, señaló que esta iniciativa “retoma una demanda histórica del movimiento No+AFP y tiene un impacto previsional mínimo, porque apunta a quienes tienen fondos bajos”.

En contraste, críticos advierten sobre los riesgos estructurales. Expertos en seguridad social y representantes de sectores políticos tradicionales alertan que un retiro masivo podría debilitar aún más el sistema previsional, profundizando la incertidumbre a largo plazo y afectando la capacidad del Estado para sostener la Pensión Garantizada Universal (PGU) que se propone como complemento.

Desde la oposición, voces conservadoras han calificado la medida como “populista y fiscalmente irresponsable”, argumentando que podría incentivar el consumo inmediato en lugar de promover el ahorro para la vejez. En tanto, algunos sectores progresistas plantean que, si bien la medida es necesaria, debe ir acompañada de reformas integrales que incluyan un sistema público de pensiones robusto y universal.

Impacto regional y social

Más allá del debate político, la propuesta tiene un fuerte impacto en regiones donde la precariedad previsional es más aguda. En localidades del norte y sur de Chile, donde las brechas de ingresos y acceso a servicios son mayores, la posibilidad de disponer de esos ahorros se ve como una oportunidad para enfrentar necesidades inmediatas.

Sin embargo, organizaciones sociales y sindicales advierten que la medida podría ser un paliativo que no resuelve el problema de fondo. “Esto no es una solución definitiva, sino un parche que puede dejar a las personas sin recursos en el futuro”, señalan, planteando la urgencia de avanzar hacia un sistema que garantice pensiones dignas sin depender de retiros anticipados.

Constataciones y consecuencias

A casi una semana de su anuncio, la propuesta de Enríquez-Ominami ha puesto en evidencia la profunda fractura que persiste en torno a la seguridad social en Chile. El sistema previsional sigue siendo un terreno de disputa donde convergen demandas sociales urgentes, tensiones políticas y desafíos estructurales.

La medida abre un debate sobre el equilibrio entre alivio inmediato y sostenibilidad futura, donde ninguna posición logra imponerse sin generar resistencias. En este escenario, la pregunta que queda para la sociedad chilena es si el retiro total de fondos para quienes tienen hasta $20 millones es un paso hacia una justicia social necesaria o un riesgo que podría agravar la crisis previsional.

Lo cierto es que, como en un coliseo, los actores están en escena, con sus argumentos y contradicciones, y el público –la ciudadanía– observa, reflexiona y decide qué futuro quiere para sus pensiones y su vejez.

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Fuentes consultadas: La Tercera (13/11/2025), análisis de economistas independientes, declaraciones oficiales de campaña, voces de movimientos sociales y expertos en seguridad social.