La sanción por no votar en Chile: entre el deber cívico y la polémica sobre multas

Un pulso político de alta tensión se desarrolló en el Congreso chileno durante los últimos meses, que dejó en evidencia las dificultades para equilibrar el derecho al sufragio con las sanciones administrativas por su incumplimiento. El 2 de septiembre de 2025, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que sanciona a quienes no votan, pero sin establecer multas concretas, dejando esa decisión en manos del Senado.

Desde el inicio, el debate fue un choque frontal entre quienes defienden la obligatoriedad del voto con sanciones claras y quienes temen que multas elevadas terminen por castigar desproporcionadamente a sectores vulnerables. Diputados oficialistas argumentaron que "el voto es un deber cívico que debe tener consecuencias para quienes lo eluden", mientras que opositores y algunos expertos sociales advirtieron que "castigar económicamente a quienes no votan puede profundizar la exclusión y la desafección política".

La votación en la Cámara fue ajustada: se necesitaban 77 votos para aprobar la multa de media a dos Unidades Tributarias Mensuales (UTM), pero solo se alcanzaron 75. Esto evidenció una fractura no solo política sino también social, pues la obligatoriedad del sufragio en Chile ha sido históricamente un tema sensible, que toca fibras de participación, representación y justicia social.

En el Senado, la responsabilidad de definir el rango y la naturaleza de la sanción ha abierto un nuevo capítulo de negociaciones y tensiones. Sectores regionales y sociales han hecho sentir sus voces: desde la zona norte, donde la participación electoral ha sido tradicionalmente baja, hasta comunidades indígenas que cuestionan la imposición de multas por razones culturales y de reconocimiento político.

"No podemos avanzar sin considerar las particularidades de cada territorio y las razones legítimas de abstención", afirmó una senadora representante de la macrozona sur, mientras que parlamentarios de la zona central insisten en que la sanción es necesaria para fortalecer la democracia.

Más allá del debate parlamentario, esta discusión ha puesto en el centro la relación entre Estado y ciudadanía. La obligatoriedad del voto en Chile, vigente desde hace décadas, se enfrenta a un contexto social donde la desafección política y la apatía han crecido, alimentadas por la crisis de representación y la complejidad del sistema político.

Expertos en ciencias políticas y sociología coinciden en que "la imposición de multas no resolverá la raíz del problema, que es la desconexión entre la ciudadanía y sus instituciones". Por eso, algunos proponen que la sanción debería ir acompañada de campañas educativas, incentivos y reformas que incentiven la participación voluntaria y consciente.

Finalmente, la historia reciente muestra que la sanción por no votar es más que una medida administrativa: es un espejo que refleja las tensiones profundas de una democracia en transformación. La Cámara aprobó el proyecto sin multas, pero el Senado tiene ahora la palabra, en un escenario donde la política, la sociedad y la justicia social se enfrentan en un debate abierto y sin resoluciones fáciles.

Este episodio confirma que en Chile, como en muchas democracias, el desafío no es solo hacer cumplir la ley, sino construir una ciudadanía comprometida y un sistema político que convoque y represente a todos, sin exclusiones ni castigos que puedan generar nuevas fracturas.

Fuentes: Cooperativa.cl, declaraciones parlamentarias, análisis de expertos en participación ciudadana y sociología política.