
El pulso legal y moral que ha transformado la guerra en Gaza cobra un nuevo capítulo tras la resolución emitida por la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio (IAGS), que en septiembre de 2025 declaró que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Este pronunciamiento no solo aporta una categorización jurídica, sino que también pone en escena una tragedia que, a más de dos años del inicio del conflicto armado, muestra heridas que aún sangran en la conciencia global.
El conflicto entre Israel y Palestina, con epicentro en Gaza, escaló dramáticamente tras el ataque de Hamás en octubre de 2023, que dejó más de 1.200 muertos y 251 rehenes. La respuesta israelí, en un operativo que se extiende por 22 meses, ha sido calificada por la IAGS como desproporcionada y dirigida no solo a grupos armados, sino a la población civil en su conjunto.
La resolución de la IAGS destaca ataques sistemáticos contra infraestructuras vitales: hospitales, escuelas y centros de ayuda humanitaria, además de la muerte y heridas de decenas de miles de civiles, incluidos 50.000 niños según Unicef. Estas acciones, según la asociación, cumplen con la definición legal de genocidio establecida en la Convención de la ONU de 1948.
"Este informe es una vergüenza para la profesión jurídica", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que rechaza categóricamente las acusaciones y las califica de basadas en "mentiras de Hamás". Desde Tel Aviv, se insiste en que las operaciones son actos legítimos de autodefensa frente a un grupo terrorista.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos, incluso algunas israelíes, respaldan la denuncia de genocidio y llaman a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes. Desde Gaza, el Ministerio de Salud reporta cifras escalofriantes: más de 63.000 muertos y 160.000 heridos, una realidad que se traduce en una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por el bloqueo y la restricción de alimentos y medicinas.
En el plano internacional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) mantiene abierta la denuncia presentada por Sudáfrica en 2023, aunque ha otorgado a Israel hasta enero de 2026 para presentar su defensa, prolongando la incertidumbre jurídica.
El conflicto ha evidenciado la fractura en las alianzas tradicionales y ha tensionado los equilibrios diplomáticos en Medio Oriente y más allá. Mientras algunos países occidentales adoptan una postura cautelosa, esperando un fallo judicial definitivo, otros han manifestado su condena directa a las acciones israelíes.
En Chile, la comunidad académica y de derechos humanos ha seguido con atención este proceso, destacando la importancia de la legalidad internacional y la protección de los derechos civiles en escenarios de guerra. La discusión pública ha oscilado entre la solidaridad con las víctimas palestinas y el reconocimiento de la complejidad histórica del conflicto.
La declaración de genocidio por parte de la IAGS representa un punto de inflexión en la narrativa del conflicto israelí-palestino. Más allá de la polémica, pone en evidencia la magnitud del sufrimiento civil y la necesidad imperiosa de mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos.
Este escenario obliga a repensar no solo las estrategias militares y políticas, sino también la arquitectura del derecho internacional y la capacidad de la comunidad global para intervenir en crímenes de esta envergadura.
Mientras la Corte Internacional de Justicia prepara su veredicto, la tragedia humana continúa desplegándose en Gaza, recordándonos que los límites entre la guerra, la justicia y la humanidad son, a veces, frágiles y dolorosos.
Fuentes: BBC News Mundo, IAGS, UNICEF, Ministerio de Salud de Gaza, declaraciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.