Ángela Vivanco y la trama bielorrusa: una defensa que divide y una justicia en jaque

En el epicentro de uno de los escándalos judiciales más resonantes de los últimos meses, Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, se ha convertido en la figura que polariza las discusiones sobre corrupción, justicia y la integridad institucional en Chile.El 15 de noviembre de 2025, el Séptimo Juzgado de Garantía dictó prisión preventiva para Gonzalo Migueles —pareja de Vivanco— y para los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, todos vinculados a la denominada "trama bielorrusa", que investiga delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. Este hecho detonó una defensa pública de Vivanco, quien calificó el proceso como una injusticia y adelantó que evaluará acciones legales para evitar ser culpada sin un juicio justo.

La exministra ha enfatizado en su trayectoria y seriedad, declarando: "Aquí nadie se ha reído del país. Yo he sido una persona muy seria". Sin embargo, la jueza Patricia Ibacache, responsable de la medida cautelar, aseguró que los formalizados "se han reído de un país manteniendo reuniones sociales", reflejando una tensión que no se limita a la esfera judicial, sino que se extiende a la percepción pública y política sobre la corrupción.

Este choque de discursos revela una fractura profunda en la interpretación de los hechos y el funcionamiento del sistema judicial. Por un lado, la defensa de Vivanco denuncia un proceso acelerado, marcado por un "show mediático" y una remoción exprés que no respetó los estándares mínimos de defensa ni acceso a pruebas. Por otro, la Fiscalía y el tribunal sostienen que la gravedad de los indicios y el riesgo para la sociedad justifican las medidas adoptadas.

Desde la perspectiva política, las reacciones se dividen. Sectores críticos al gobierno actual ven en la trama una confirmación de la corrupción enquistada en altos niveles del poder judicial y político. Otros advierten sobre el peligro de judicializar la política y la necesidad de respetar el debido proceso para evitar daños irreparables a la institucionalidad.

En regiones, la noticia ha generado inquietud y debates sobre la confianza en las instituciones que deben garantizar justicia. Ciudadanos y académicos cuestionan cómo un sistema que debería proteger la transparencia puede verse envuelto en acusaciones tan graves y cómo esto impacta en la percepción social.

Históricamente, Chile ha transitado por episodios de crisis institucionales donde la corrupción y la impunidad han dejado heridas profundas. La trama bielorrusa revive ese espectro y desafía a las instituciones a responder con rigor, transparencia y respeto irrestricto a los derechos.

Tras semanas de desarrollo, la situación se mantiene en un punto de inflexión. La defensa de Vivanco continúa con la presentación de recursos y la preparación de una estrategia legal que busca desmontar las acusaciones, mientras el Ministerio Público sostiene su postura con base en la investigación acumulada.

Las verdades que emergen son complejas: la corrupción no es un fantasma lejano, sino una amenaza tangible que puede permear incluso a las más altas esferas. Sin embargo, la justicia debe cuidarse de no caer en excesos que vulneren garantías y principios fundamentales.

Este caso es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción exige no solo castigos ejemplares, sino también procesos justos y transparentes que fortalezcan la confianza ciudadana en el sistema. La trama bielorrusa, con sus protagonistas enfrentados en un escenario público y mediático, expone las vulnerabilidades y desafíos que Chile debe afrontar para consolidar un Estado de Derecho robusto y legítimo.