Subsidios habitacionales paralizados y candidaturas polémicas: un choque entre burocracia, justicia y política en Chile

La crisis de los subsidios habitacionales en la Región Metropolitana ha dejado a cientos de familias en un limbo que trasciende la burocracia. Desde marzo de 2025, 682 subsidios de los programas DS1 y DS49 permanecen impagos, a pesar de que menos del 50% del presupuesto asignado ha sido ejecutado. Este retraso ha generado una paradoja cruel: mientras algunos beneficiarios deben pagar arriendos y dividendos sin poder habitar sus viviendas, quienes vendieron sus inmuebles quedan sin el pago correspondiente. El Serviu Metropolitana alega una falta de recursos, pero los documentos oficiales muestran un subejecución que apunta a problemas administrativos más profundos.

Este fenómeno no es solo un fallo operativo, sino un síntoma de tensiones políticas y sociales en torno a la vivienda. Por un lado, el DS1 —dirigido a familias de clase media con acceso a crédito hipotecario— refleja las dificultades para consolidar un proyecto de vida estable en un mercado inmobiliario restringido. Por otro, el DS49 atiende a grupos vulnerables cuyo acceso a la vivienda social se ve bloqueado por la ineficiencia estatal.

En este escenario, la política también juega su papel. El Servel aprobó 1.091 candidaturas parlamentarias y rechazó 46, entre ellas algunas controvertidas. Destacan las postulaciones de Daniel Jadue (PC) y Miguel Ángel Calisto (FRVS), ambos enfrentando procesos judiciales que ponen en jaque su legitimidad política. Jadue, cuya candidatura fue impugnada por Renovación Nacional, se beneficia de un vacío legal surgido por el momento en que fue cerrado el padrón electoral. El Tribunal Electoral Metropolitano tendrá la última palabra, en una batalla que mezcla derecho, política y estrategia electoral.

Por su parte, Calisto, desaforado diputado y acusado de fraude al fisco, logró inscribir su candidatura al Senado por Aysén, un hecho que ha generado críticas desde distintos sectores y cuestiona los mecanismos de control político y judicial.

Mientras tanto, en la justicia, el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, se encuentra en el centro de una tormenta institucional. Acusado de prevaricación imprudente por su actuación en el caso “El Polvorín”, enfrenta un amparo que ha sido derivado entre tres tribunales. La complejidad del proceso, donde el juez cuestionado presidía la misma corte que debía revisar su caso, ha expuesto las fragilidades y conflictos internos del sistema judicial chileno.

Desde la perspectiva política, sectores conservadores ven en estos episodios una muestra del desgaste de las instituciones y la necesidad de reformas profundas para restaurar la confianza ciudadana. En contraste, voces progresistas advierten que estas controversias reflejan luchas de poder y maniobras para limitar la participación política de ciertos actores.

En regiones, el caso de Aysén con Calisto simboliza la tensión entre representación local y las dinámicas nacionales, mientras que en Temuco la judicialización del caso “El Polvorín” revive heridas históricas y debates sobre memoria y justicia.

Como señala el analista político Rodrigo Valenzuela, “estas tres historias cruzadas muestran cómo la política, la justicia y la administración pública se enfrentan en un escenario donde la ciudadanía observa con creciente escepticismo y demanda transparencia y eficacia”.

En conclusión, los hechos evidencian una triple crisis: la incapacidad estatal para cumplir compromisos sociales básicos como la vivienda, la incertidumbre jurídica que rodea a actores políticos relevantes, y las tensiones internas del sistema judicial chileno. Estas realidades no solo impactan en el presente inmediato, sino que configuran un escenario complejo para las próximas elecciones y la legitimidad institucional en Chile.

La lección que queda es clara: sin una revisión crítica y profunda de estos procesos y actores, la desconfianza ciudadana seguirá creciendo y las soluciones seguirán postergándose, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y a la calidad de la democracia en el país.