
Un escenario que recuerda a la Guerra Fría se ha instalado en el Caribe, con Venezuela y Estados Unidos en un pulso que ha escalado desde septiembre hasta octubre de 2025. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el 23 de octubre que su país dispone de 5.000 misiles portátiles Igla-S desplegados estratégicamente para defender la soberanía nacional. Esta cifra contrasta con la denuncia previa del 1 de septiembre, cuando Maduro afirmó que Estados Unidos tenía 1.200 misiles apuntando a Venezuela, acompañados de un despliegue naval que incluye barcos de guerra y un submarino nuclear.
El relato chavista presenta esta militarización como una respuesta a lo que califica de una amenaza directa y sin justificación, equiparable a la crisis de los misiles en Cuba en 1962. “Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, aseguró Maduro en septiembre, mientras que en octubre enfatizó que el país debe ser “una patria inexpugnable”.
Por su parte, Estados Unidos sostiene que su presencia naval y los ataques contra narcolanchas en aguas cercanas a Venezuela forman parte de una operación antidrogas, negando intenciones de agresión directa. Sin embargo, el despliegue se ha intensificado, y la Casa Blanca ha declarado que cualquier operación terrestre contra el narcotráfico sería comunicada al Congreso por considerarse un asunto de seguridad nacional.
Este choque de narrativas refleja una profunda desconfianza mutua y un contexto geopolítico complejo. Desde Caracas, el Gobierno chavista ha fortalecido la vigilancia interna y el entrenamiento militar, incluso convocando al alistamiento voluntario de civiles y desarrollando una aplicación digital para denunciar “situaciones sospechosas”. Se ha decretado conmoción exterior, activando medidas extraordinarias en caso de agresión.
En Washington, mientras tanto, persiste la denuncia de que Venezuela es un punto neurálgico para el narcotráfico, y se justifica la presencia militar como una acción preventiva. “Los ataques a Colombia son ataques a Venezuela”, replicó el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, evidenciando la interconexión regional y la complejidad del conflicto.
Desde la región, las opiniones se dividen. Algunos gobiernos latinoamericanos llaman a la calma y al diálogo, preocupados por la escalada militar que podría desestabilizar la zona. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre el riesgo de un aumento en la represión interna bajo el pretexto de la “defensa nacional”.
Este enfrentamiento no es solo un duelo de misiles, sino una batalla por la narrativa, la legitimidad y el control regional. La historia reciente de Venezuela, marcada por crisis económicas, migratorias y políticas, se entrelaza con este episodio que recuerda la tensión bipolar de la Guerra Fría, pero con actores y dinámicas propias del siglo XXI.
En definitiva, lo que se puede constatar es que:
- La militarización venezolana se ha intensificado como una respuesta a la percepción de amenaza externa.
- Estados Unidos mantiene un despliegue naval significativo en el Caribe, justificándolo en la lucha antidrogas.
- La región enfrenta un aumento de tensiones con riesgos para la estabilidad y los derechos humanos.
Este capítulo evidencia cómo los ecos de viejas confrontaciones se reinventan en un escenario contemporáneo, donde la desinformación, la propaganda y la geopolítica se entrecruzan, dejando a la población civil como espectadora y víctima de un juego de poder que todavía no muestra su desenlace definitivo.