
Un domingo oscuro en La Reina puso fin a una familia que parecía unida desde fuera, pero que escondía tensiones profundas. El 18 de octubre de 2025, en una vivienda de la calle La Cañada, fueron hallados sin vida Eduardo Cruz-Coke, camarógrafo y director de fotografía de 62 años, junto a sus dos hijos gemelos de 17 años. La escena fue el punto de partida para una investigación que desentraña una historia de violencia, secretos y disputas patrimoniales que no solo desgarra a los sobrevivientes, sino que también expone grietas en la percepción social sobre la familia y la violencia intrafamiliar.
Las primeras diligencias de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI descartaron la hipótesis inicial de un suicidio o parricidio seguido de suicidio. La evidencia forense reveló que las heridas en el cuerpo de Eduardo no fueron autoinfligidas, sino provocadas por terceros, lo que abrió una nueva línea investigativa. La comunidad, que en un primer momento se mostró incrédula ante la idea de un acto violento dentro de ese núcleo, comenzó a comprender la complejidad del caso cuando la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la detención de un familiar directo: Jorge Ugalde Parraguez, psicólogo y cuñado de la víctima.
Lo que parecía un hecho aislado se reveló como la punta de un iceberg de conflictos familiares. La Fiscalía investiga una millonaria disputa por la herencia dejada por el padre de Eduardo Cruz-Coke Madrid, fallecido en 2017, y que involucraba a varios miembros del clan familiar. Esta herencia, valorada en más de mil millones de pesos, habría generado tensiones que se remontan al menos desde 2022, tras la muerte de la matriarca Herta Japke. La sociedad creada en 2014 entre Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde, junto a los padres de Eduardo, para administrar los bienes inmuebles, se convirtió en el epicentro de desencuentros que, según fuentes de la investigación, podrían haber escalado hasta un desenlace fatal.
La investigación ha estado marcada por hallazgos que apuntan a la planificación y premeditación. Restos de sangre de Jorge Ugalde fueron encontrados en diferentes puntos de la casa, incluyendo una manilla y la máscara de mono estilo Halloween que habría usado para ocultar su identidad al cometer el crimen. Además, cámaras de seguridad captaron al imputado caminando con una bolsa que podría contener objetos relacionados con el homicidio. La llamada que Ugalde realizó a Carabineros minutos después de los hechos, con un tono inexpresivo, también ha sido analizada como indicio de su participación consciente.
Por otro lado, los cuerpos de los adolescentes no presentaban lesiones visibles, pero sí evidencias de haber sido sedados con medicamentos inductores del sueño y posteriormente asfixiados, lo que revela un método frío y calculado.
El caso ha generado un debate intenso en distintos ámbitos. Por un lado, la familia cercana y amigos de Eduardo defienden la imagen de un hombre dedicado y amoroso, incapaz de cometer tal atrocidad, mientras que la Fiscalía sostiene que la violencia intrafamiliar y las disputas por la herencia son factores clave para entender el crimen.
En la comunidad de La Reina, la tragedia ha reabierto heridas sobre la fragilidad de los vínculos familiares y la necesidad de fortalecer la prevención de la violencia en los hogares, más allá de las apariencias.
Este caso confirma que la violencia intrafamiliar puede esconderse bajo capas de normalidad y éxito profesional, y que las disputas económicas pueden ser el detonante de tragedias irreparables. La investigación sigue abierta para determinar si hubo más personas involucradas y esclarecer el rol exacto de cada uno.
Además, pone en evidencia la necesidad de mecanismos más efectivos para la detección temprana de conflictos familiares graves y la protección de los miembros más vulnerables.
Finalmente, la comunidad y las autoridades enfrentan el desafío de procesar una tragedia que no solo destroza una familia, sino que también cuestiona las estructuras sociales y jurídicas que deberían prevenir estas muertes evitables.