La seguridad vial en Chile: entre la conciencia colectiva y la imprudencia persistente

Chile enfrenta un dilema vial que se ha ido consolidando con el tiempo: la seguridad en las calles y carreteras se ha convertido en un escenario donde convergen la conciencia ciudadana y la imprudencia cotidiana.

Un estudio realizado entre julio y septiembre de 2025 por Cadem, Conaset e ISA Vías reveló que el 63% de los chilenos percibe un aumento en los accidentes de tránsito, especialmente en los días previos a las Fiestas Patrias. Sin embargo, esta percepción no se traduce en un reconocimiento del riesgo propio, sino en la atribución de la culpa a “los otros”. Así, el 90% se considera prudente al conducir, mientras que automovilistas y motociclistas son señalados como los principales imprudentes.

“La encuesta refleja una paradoja que ya habíamos visto en 2022: las personas reconocen la siniestralidad vial, pero no la perciben como un riesgo propio, sino como algo que les ocurre a otros”, explicó Luz Infante, secretaria ejecutiva de Conaset.

Este fenómeno no es menor. La distancia entre el conocimiento y la conducta se manifiesta en prácticas que van desde pasarse semáforos en rojo, hasta conducir bajo los efectos del alcohol o exceder los límites de velocidad. Un 94% reconoce que manejar bajo la influencia del alcohol es peligroso, pero las muertes y lesiones por esta causa persisten.

Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, advierte que “esto es el reflejo de un sistema que no logra transformar el conocimiento en prevención real. Mientras no exista una fiscalización robusta, una sanción cierta y visible, y un mensaje coherente desde el Estado y sus agencias, seguiremos viendo cómo la conciencia no se traduce en acción.”

En este coliseo vial, las voces se dividen en torno a las soluciones. Por un lado, existe un consenso creciente en la necesidad de fortalecer la fiscalización. La Ley CATI, cuya entrada en vigencia está proyectada para 2026, promete automatizar la detección de excesos de velocidad y cruces en rojo, medidas que en otros países han demostrado reducir siniestros y salvar vidas.

Pero la fiscalización no es vista como la panacea. Sebastián Vásquez, periodista y analista, señala que “sería ingenuo pensar que cámaras y multas bastan para cambiar una cultura marcada por el individualismo.” El problema, sostiene, es más profundo: una erosión de la empatía y el sentido de comunidad que se traduce en una peligrosa indiferencia hacia la vida ajena.

Desde el mundo académico y social, se insiste en la urgencia de complementar la fiscalización con una educación vial profunda y sostenida. El ejemplo de los adultos, la formación cívica en colegios y campañas adaptadas a públicos específicos, como los jóvenes entre 18 y 34 años, son vistos como caminos indispensables para lograr un cambio cultural duradero.

“La prevención en jóvenes debe ser más directa y cercana, acompañada de políticas públicas que impongan consecuencias claras”, sostiene Figueroa.

Además, la participación ciudadana y la corresponsabilidad son claves. La convivencia vial debe dejar de ser un asunto individual para convertirse en una política pública integral que articule educación, fiscalización y sanciones creíbles.

Este debate se vuelve aún más urgente frente a la realidad cotidiana: luces rojas pasadas, motos zigzagueando, peatones distraídos y ciclistas expuestos, todos actores de un entramado complejo donde la seguridad se resquebraja.

En definitiva, Chile se encuentra ante un desafío que va más allá de la aplicación de normas: es un llamado a reconstruir el tejido social que sostiene la confianza mutua en las calles. La tragedia vial es la consecuencia visible de un conflicto más profundo, donde el individualismo y la urgencia personal se enfrentan a la necesidad de respeto y empatía.

La historia reciente nos muestra que sin un cambio cultural real, ni la tecnología ni la fiscalización serán suficientes para salvar vidas. La seguridad vial es, entonces, un espejo donde se reflejan las virtudes y fragilidades de la sociedad chilena, y su resolución exige un compromiso colectivo que trascienda la inmediatez y apunte a la transformación de hábitos y valores.

Fuentes consultadas: Estudios de Cadem, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), ISA Vías, Fundación Emilia, análisis periodísticos y entrevistas con expertos en seguridad vial.