A más de cuatro años de la desaparición y muerte del niño Tomás Bravo en Caripilun, un veredicto judicial ha cerrado un capítulo, pero ha abierto una herida aún más profunda en la confianza pública. El pasado 2 de julio, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete absolvió de manera unánime a Jorge Escobar, tío abuelo del menor y hasta entonces único imputado por abandono con resultado de muerte. Lejos de traer claridad, la resolución ha expuesto una cadena de falencias investigativas, contradicciones periciales y una gestión judicial que deja la pregunta fundamental sin respuesta: ¿qué le sucedió a Tomás?
La absolución no es solo la liberación de un hombre que clamó su inocencia mientras enfrentaba el escarnio público, sino la constatación de un fracaso sistémico que hoy tiene al caso en un punto muerto, sin culpables y con más dudas que certezas.
La evolución del caso ha sido un laberinto de hipótesis y errores. Desde el inicio, la investigación de la Fiscalía del Biobío se centró en la figura de Jorge Escobar, la última persona que vio a Tomás con vida. Su relato, sobre una breve pérdida de vista del niño para atender a unos animales, fue puesto en duda y se convirtió en la base de la acusación. Sin embargo, el juicio demostró que la fiscalía no logró acreditar la existencia del delito. El tribunal fue categórico: "los acusadores no presentaron prueba alguna que permita determinar que el resultado de muerte provenga directamente de alguna conducta desplegada por el acusado".
El fallo fue más allá, al señalar "una serie de irregularidades que afectaron la calidad de la evidencia", como la falta de resguardo del sitio del suceso y la manipulación del cuerpo antes de la llegada de peritos forenses. Estas falencias, según el tribunal, "mermaron la posibilidad de obtener una verdad procesal".
La situación se tornó aún más compleja semanas antes del veredicto, cuando se reveló la existencia de una investigación paralela. El 18 de junio, una resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción sacó a la luz que la Fiscalía de Los Ríos mantenía como imputados no formalizados a la abuela y a un primo del menor, sometiéndolos a medidas intrusivas como interceptaciones telefónicas. Este hecho no solo fragmentó la investigación, sino que también sembró un manto de sospecha sobre otros miembros de la familia, aumentando la confusión y el sufrimiento.
Las reacciones al fallo reflejan las profundas grietas que deja el caso:
El colapso del caso Tomás Bravo no es un hecho aislado. Se inscribe en una preocupante tradición de casos de alto impacto mediático en Chile que terminan en absoluciones por investigaciones deficientes, presiones indebidas o errores periciales. Este patrón erosiona la legitimidad de las instituciones encargadas de procurar justicia y fomenta un ciclo de desconfianza ciudadana, donde la demanda por respuestas rápidas choca con la incapacidad del sistema para entregarlas con rigurosidad.
Hoy, el caso Tomás Bravo se encuentra en un limbo desolador. Con Jorge Escobar absuelto, no hay ninguna persona formalmente acusada por la muerte del niño. La investigación sigue abierta en la Fiscalía de Los Ríos, pero sin un horizonte claro. Para la familia y la sociedad, el veredicto no trajo paz, sino la amarga certeza de que, por ahora, se trata de un crimen sin culpables y de un sistema de justicia que, en uno de los casos más dolorosos de la historia reciente, ha fracasado.