
El Teniente, la mina subterránea más grande del mundo y orgullo cuprífero nacional, volvió a sacudirse el 31 de agosto con un sismo que, aunque leve, reavivó temores y cuestionamientos sobre la seguridad en una faena marcada por tragedias recientes. A las 12:41 horas, Codelco informó un temblor de 2,3 grados Richter y evacuó preventivamente a todos sus trabajadores. Sin embargo, el Centro Sismológico Nacional no registró dicho movimiento, generando dudas sobre la transparencia y la gestión informativa de la estatal.
El sismo se produjo bajo la cota 1.518, en una zona no operativa de la mina. La empresa activó inmediatamente sus protocolos de seguridad, deteniendo operaciones y evacuando a la totalidad del personal, en un gesto que busca evitar cualquier riesgo tras el fatal derrumbe ocurrido apenas un mes antes, el 31 de julio, que costó la vida a seis trabajadores. Ese accidente, el más grave en más de tres décadas, sigue siendo objeto de investigación y ha puesto en jaque la confianza en las medidas de seguridad de Codelco.
Desde el mundo sindical, la reacción fue ambivalente. Por un lado, valoran la rapidez con la que se activaron los protocolos, pero por otro, exigen mayor claridad sobre la naturaleza del sismo y cuestionan la ausencia de registros oficiales que respalden la versión de Codelco. "La vida de los trabajadores no puede depender solo de protocolos reactivos; necesitamos certezas y prevención", señala un dirigente sindical de la región de O'Higgins.
En el ámbito político, las posturas se dividen. Algunos parlamentarios oficialistas respaldan la gestión de Codelco y llaman a mantener la calma, destacando que no hubo lesionados y que se están evaluando las condiciones para retomar la faena. En contraste, sectores de oposición insisten en que este incidente pone en evidencia la necesidad de una fiscalización más rigurosa y una revisión profunda de las condiciones laborales y técnicas en las minas estatales.
La discrepancia entre el reporte de Codelco y la ausencia de registro en el Centro Sismológico Nacional ha alimentado la desconfianza pública. Expertos consultados sugieren que podría tratarse de un movimiento de magnitud menor o localizada en áreas muy específicas, difícil de captar por las estaciones sismológicas convencionales, pero que igualmente genera preocupación dada la fragilidad estructural que puede tener la mina tras el accidente fatal.
Este episodio, aunque menor en términos técnicos, pone en evidencia una tensión latente entre la necesidad de mantener la producción de cobre —pilar económico del país— y la imperiosa obligación de garantizar la seguridad y dignidad de los trabajadores. El Teniente produjo 356.000 toneladas métricas de cobre fino en 2024, reafirmando su rol clave en la economía chilena. Sin embargo, la tragedia de julio y el reciente sismo han reabierto el debate sobre el modelo extractivista y la gestión de riesgos en la minería estatal.
En definitiva, este nuevo episodio no solo es un recordatorio de la vulnerabilidad física de la mina, sino también de la compleja relación entre Estado, empresa, trabajadores y sociedad civil, que debe encontrar un equilibrio entre productividad y seguridad. La transparencia, la participación y la fiscalización serán claves para que no se repitan tragedias y se recupere la confianza en una actividad que sigue siendo el motor económico de Chile.
Fuentes: Cooperativa.cl, Centro Sismológico Nacional, declaraciones sindicales y parlamentarias.