
Una señal poderosa, pero no exenta de controversia. Así puede resumirse el llamado de la opositora venezolana María Corina Machado, quien el pasado 31 de agosto instó a Chile a declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Este cartel, vinculado al régimen chavista y a redes internacionales de narcotráfico, ha sido objeto de sanciones estadounidenses y acusaciones judiciales desde 2020. La propuesta, que ha ganado eco en algunos sectores políticos chilenos, abre un debate que trasciende fronteras y pone en jaque la tradicional cautela diplomática de Santiago.
El origen de esta historia se remonta a las investigaciones internacionales que vinculan al Cartel de los Soles con altos funcionarios venezolanos, incluido Nicolás Maduro. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE.UU. formalizó la designación del cartel como organización terrorista, aumentando la presión internacional. Chile, en tanto, se ha mantenido prudente, aunque ha dado pasos simbólicos, como la denuncia presentada en La Haya sobre el asesinato del teniente Ronald Ojeda, atribuido a agentes del Tren de Aragua, grupo criminal vinculado al mismo entramado.
Desde la derecha y sectores opositores al gobierno chileno, la iniciativa de María Corina Machado ha sido recibida con entusiasmo. "Sería una señal muy poderosa por parte del Congreso y la Presidencia", afirma Machado, enfatizando la necesidad de respaldar la causa democrática venezolana y fortalecer la seguridad regional.
Sin embargo, en el oficialismo y algunos analistas diplomáticos, la propuesta genera inquietudes. Temen que una declaración formal pueda tensionar las relaciones bilaterales con Venezuela y complicar la colaboración en materia migratoria y de seguridad. "La política exterior debe equilibrar la firmeza con la prudencia", sostiene un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que prefirió mantener el anonimato.
En el plano social, organizaciones de derechos humanos y sectores académicos llaman a no perder de vista las complejidades del conflicto venezolano, advirtiendo sobre los riesgos de estigmatizar a comunidades migrantes y la necesidad de abordar el problema desde una mirada integral.
A tres meses del llamado de Machado, Chile ha modificado su postura oficial, acercándose a una declaración conjunta con países vecinos, aunque sin una resolución definitiva. La presión internacional ha impulsado un debate público que trasciende la retórica política, poniendo en evidencia las tensiones entre seguridad, diplomacia y derechos humanos en la región.
Este episodio revela también la complejidad de las redes criminales que operan en América Latina, donde el narcotráfico y la política se entrelazan de manera intrincada. La figura del Cartel de los Soles no es un simple cartel tradicional, sino un entramado dentro del Estado venezolano que desafía las categorías convencionales.
La invitación a Chile para catalogar al Cartel de los Soles como organización terrorista es mucho más que un llamado simbólico: es un desafío a la manera en que el país enfrenta la seguridad regional y su rol en la política latinoamericana. La tensión entre la urgencia de combatir el narcoterrorismo y la necesidad de mantener canales diplomáticos abiertos sigue siendo el eje central de este debate.
Mientras sectores políticos y sociales discuten, la realidad es que el narcotráfico y la violencia ligada a estos grupos afectan no solo a Venezuela, sino a toda la región, incluido Chile. Reconocer esta amenaza sin caer en simplificaciones ni en políticas que puedan agravar la crisis migratoria o social es la tarea pendiente.
En definitiva, Chile se encuentra en un cruce de caminos donde la firmeza y la prudencia deben coexistir, y donde las decisiones tomadas tendrán consecuencias palpables no solo en la política exterior, sino en la seguridad y la cohesión social interna.