Formalización y violencia paralela: El caso Krishna Aguilera y sus ecos en San Bernardo

El crimen de Krishna Aguilera, ocurrido a principios de octubre en San Bernardo, ha dejado una estela de violencia que trasciende el hecho inicial y que, a más de un mes, sigue mostrando nuevas aristas y tensiones en la comuna.El 26 de octubre fue encontrado enterrado el cuerpo de Krishna, una joven de 19 años, en un cerro de Calera de Tango. La investigación, que ha involucrado a múltiples personas, ha alcanzado un punto crucial con la formalización de Luis Armando Inostroza, alias “El Krusty”, a quien el tribunal dictó prisión preventiva por secuestro con homicidio e inhumación ilegal.El 16 de noviembre se realizó esta formalización en el Juzgado de San Bernardo.

Sin embargo, el caso no se limita a la cárcel de un solo imputado. La hermana de Krishna, Cristal Aguilera, denunció una agresión y el robo de su teléfono móvil en las cercanías del lugar donde fue hallado el cuerpo de su hermana.El incidente ocurrió días antes de la reformalización de “El Krusty”, el 11 de noviembre. Aunque aún no existe denuncia formal, la situación ha encendido alarmas sobre posibles represalias o intentos de silenciar a testigos claves. El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, reconoció que no se puede descartar un vínculo con el crimen, aunque también señaló que podría tratarse de un delito común.“Vislumbro que podría ser un hecho común”, dijo Pastén.

La complejidad del caso se intensifica al considerar el entramado social y criminal que rodea a los imputados. “El Krusty” es un conocido narcotraficante de San Bernardo, y su círculo cercano incluye a personas como Rodrigo Donoso, alias “El Amoroso”, quien se entregó a la policía y será formalizado por tráfico de drogas. Además, la menor imputada en la causa, K.G., pareja de Beltrán, enfrenta internación provisoria tras ser rechazada su apelación para modificar la medida cautelar.

Para Cristal Aguilera, la situación es de alta vulnerabilidad. A pesar de contar con medidas de protección —como una línea directa con la policía y rondas periódicas de la PDI—, ha rechazado ser relocalizada fuera de San Bernardo, la comuna donde se concentra el conflicto.El ministro de Seguridad, Luis Cordero, declaró: “Ella es una persona que está con medidas de protección decretadas por el Ministerio Público”. Sin embargo, fuentes cercanas advierten la dificultad de mantener un punto fijo para su cuidado, dada la complejidad del entorno.

Desde una perspectiva social, la historia de las hermanas Aguilera refleja la intersección entre violencia, narcotráfico y vulnerabilidad juvenil en sectores populares. Ambas tuvieron vínculos con el tráfico de drogas, y se especula que la información que aportó Cristal fue determinante para avanzar en la investigación, lo que podría haber motivado represalias.

Las autoridades enfrentan un desafío mayúsculo: desentrañar un entramado criminal donde la violencia se extiende más allá del crimen original, impactando a familiares y testigos, y poniendo en tensión la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia en territorios con arraigo del narcotráfico.

En este escenario, la formalización de “El Krusty” y la apertura de nuevas líneas investigativas, como la de Rodrigo Donoso, marcan hitos judiciales que aún no resuelven la sensación de impunidad ni la amenaza latente que pesa sobre quienes están vinculados al caso.

La denuncia formal por la agresión a Cristal se presentó el 14 de noviembre, justo antes de la audiencia de reformalización de Beltrán. Este hecho subraya la persistencia de la violencia paralela y la necesidad urgente de reforzar las medidas de protección para víctimas indirectas.

En definitiva, el caso Krishna Aguilera no solo expone un crimen brutal, sino también el entramado social y criminal que dificulta la justicia y la seguridad en San Bernardo. La tragedia de una joven se convierte en el reflejo de conflictos más profundos, donde la violencia y la marginalidad se entrelazan, y donde las respuestas institucionales aún son insuficientes para romper el ciclo.

Este caso seguirá siendo un testimonio de los desafíos que enfrenta Chile para enfrentar la violencia estructural, la criminalidad organizada y la protección de quienes, en medio de la tragedia, buscan justicia y seguridad.