La justicia de Temuco sentencia a exfiscales y militares por crímenes de la dictadura: ¿un cierre o un nuevo capítulo?

En un giro que reaviva las heridas del pasado y la complejidad de la justicia transicional en Chile, la Corte de Apelaciones de Temuco ha confirmado sentencias contra exmiembros de las fuerzas armadas y exfiscales militares por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El 11 de noviembre de 2025, la Corte ratificó la condena al exfiscal militar Alfonso Podlech por apremios ilegítimos con resultado de muerte, mientras que el 30 de agosto sentenció a 13 militares en retiro por el homicidio calificado de dos estudiantes en 1973, en la región de La Araucanía.

El peso de la memoria y la justicia

Este conjunto de fallos judiciales pone en escena el choque entre la necesidad de justicia y las tensiones políticas y sociales que aún persisten en Chile. Por un lado, sectores de derechos humanos y familiares de víctimas han celebrado estas condenas como un paso necesario para la reparación y la verdad histórica. "Estos fallos son una señal clara de que la impunidad no puede seguir prevaleciendo", afirmó una representante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Por otro lado, voces conservadoras y militares retirados han denunciado lo que consideran una persecución política y un uso selectivo de la justicia. El exmilitar Joaquín León Rivera, involucrado en los homicidios de Angol, calificó la sentencia como "un juicio político que no considera el contexto de guerra interna". Esta perspectiva cuestiona la interpretación jurídica y política de los hechos, evidenciando la persistente división en la sociedad chilena.

La Araucanía en el centro del huracán

Los crímenes ocurridos en Angol, región de La Araucanía, no solo reabren el debate sobre la dictadura, sino que también se entrelazan con la actual conflictividad social en la zona. La sentencia que condena a los militares por el asesinato de los estudiantes Ricardo Gustavo Rioseco Montoya y Luis Raúl Cotal Álvarez pone en relieve la historia de violencia estructural que ha marcado esta región.

Distintas organizaciones mapuche y sociales han manifestado que estas sentencias deben ser un punto de partida para abordar las demandas de justicia territorial y reconocimiento cultural. Sin embargo, también hay quienes advierten que el foco en el pasado podría eclipsar las urgencias presentes, como la violencia rural y la desigualdad persistente.

Estado, indemnizaciones y el costo de la memoria

Además de las penas de presidio que van de 3 a 15 años para los condenados, el Estado chileno deberá pagar indemnizaciones millonarias a las familias de las víctimas, un gesto que busca reparar, aunque sea parcialmente, el daño moral causado. Por ejemplo, se estableció un pago de $300 millones para los familiares de Luis Raúl Cotal Álvarez.

Este aspecto económico ha generado también polémica, pues algunos sectores cuestionan el uso de recursos públicos para indemnizar hechos ocurridos hace más de 50 años, mientras que otros lo ven como un acto de justicia y reconocimiento del daño causado por el Estado.

Constataciones finales

Estas sentencias, lejos de cerrar el capítulo de la dictadura, reafirman que la justicia en Chile es un campo de batalla donde se enfrentan memorias, intereses y narrativas contrapuestas. La confirmación de condenas a exfiscales y militares representa un avance en la lucha contra la impunidad, pero también expone la fragilidad del tejido social y la dificultad para construir consensos sobre el pasado.

El desafío para Chile es cómo integrar estas verdades judiciales en un relato común que permita avanzar hacia la reconciliación sin renunciar a la justicia. Mientras tanto, las heridas abiertas en La Araucanía y en la memoria nacional recuerdan que la tragedia ajena sigue siendo un espectáculo doloroso, pero necesario, para entender la complejidad de la historia chilena.