Ángela Vivanco y el escándalo bielorruso: ¿Víctima o pieza de un juego mayor?
El escándalo conocido como el caso de la "muñeca bielorrusa" ha sacudido las bases del sistema judicial chileno, y en el centro del huracán se encuentra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, cuya figura ha sido objeto de un intenso debate público y mediático. Desde su destitución y la prisión preventiva de su esposo, Gonzalo Migueles, junto a otros abogados vinculados, las acusaciones de corrupción han generado un torbellino de reacciones.
En su reciente aparición pública durante las elecciones del 16 de noviembre, Vivanco rompió el silencio para denunciar un "show mediático" que, a su juicio, ha distorsionado la realidad del proceso y la ha convertido en un "chivo expiatorio". Afirmó que su carrera judicial, con más de seis mil fallos, respalda su seriedad y profesionalismo. Esta defensa ha generado simpatías en quienes cuestionan la rapidez y el sensacionalismo con que se ha tratado el caso en algunos medios.
Sin embargo, la historia no es tan unívoca. Por un lado, sectores políticos y sociales exigen que la justicia actúe con firmeza para limpiar las instituciones y evitar que la corrupción arraigue en los tribunales, lo que ha llevado a una presión pública considerable sobre los involucrados. Por otro, voces críticas advierten que la presión mediática y política podría estar afectando el debido proceso y la presunción de inocencia, elementos fundamentales para un sistema judicial confiable.
El caso tiene raíces que se remontan a investigaciones iniciadas meses atrás, que destaparon redes de influencias y manejo irregular de causas judiciales. El impacto regional ha sido notable, especialmente en la percepción ciudadana sobre la independencia judicial y la confianza en las instituciones del Estado.
Desde una perspectiva política, la derecha ha utilizado el escándalo para exigir reformas profundas y mayor transparencia, mientras que sectores de izquierda y movimientos sociales llaman a no perder de vista las posibles manipulaciones y a garantizar que no se repitan prácticas que vulneran derechos fundamentales.
Además, académicos y expertos en derecho han señalado que este episodio pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control interno en la judicatura y la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas sin sacrificar la autonomía judicial.
Para las víctimas colaterales, como Vivanco, el proceso ha sido una experiencia de desgaste personal y profesional, marcada por la exposición pública y la incertidumbre legal. Su llamado a que el caso se resuelva en derecho y no en tribunales mediáticos resuena como una demanda de justicia equilibrada y respeto por el debido proceso.
En definitiva, el escándalo bielorruso no solo desnuda un entramado de posibles irregularidades, sino que también evidencia las tensiones entre la transparencia, la justicia y la opinión pública en Chile. Las consecuencias de este caso se proyectan más allá de los tribunales, afectando la confianza ciudadana y el debate sobre la institucionalidad democrática.
Queda claro que, mientras la verdad judicial se construye lentamente, el país observa una tragedia donde todos los actores —acusados, víctimas, instituciones y sociedad— enfrentan un desafío que va más allá de un simple proceso legal: la reconstrucción de la credibilidad y la justicia en tiempos de crisis.