
Durante las elecciones de noviembre de 2025, un episodio que debió ser excepcional para el comercio chileno se convirtió en un escenario de incumplimientos flagrantes de la normativa laboral. La Dirección del Trabajo (DT) detectó a 111 personas trabajando ilegalmente en malls y strip centers de seis regiones del país, a pesar de que la ley establece un feriado irrenunciable para los trabajadores en jornada electoral.
Este hallazgo se produjo tras una serie de 61 fiscalizaciones realizadas en las regiones Metropolitana, Los Lagos, Ñuble, Valparaíso, Maule y La Araucanía. La DT aplicó en total 22 multas que suman más de 57 millones de pesos, sanciones dirigidas a los empleadores que vulneraron el derecho al descanso electoral.
"Obviamente, siempre esperaríamos no tener que infraccionar estas normas que son muy conocidas. Sin embargo, desde temprano estuvimos en todo el país recibiendo las denuncias e hicimos 61 fiscalizaciones. Así es que en ese sentido hemos realizado la labor que nos corresponde", señaló Sergio Santibáñez, director subrogante de la DT.
Este evento ha reabierto el debate sobre la eficacia y alcance de la fiscalización laboral en un país donde el comercio ha ido ampliando sus horarios y modalidades de atención, incluso en días festivos y feriados.
Perspectivas políticas y sociales
Desde la izquierda y sindicatos, este episodio se interpreta como una muestra más de la precarización laboral y la falta de respeto por los derechos fundamentales de los trabajadores. Denuncian que la legislación, aunque clara, es insuficiente si no se acompaña de mecanismos efectivos de control y sanción.
Por otro lado, sectores empresariales y cámaras de comercio han argumentado que la presión por mantener abiertos ciertos espacios comerciales responde a demandas del mercado y clientes, aunque en este caso la normativa electoral es clara y debe respetarse. Algunos representantes han reconocido fallas en la comunicación interna y en la supervisión de contratos temporales.
En las regiones afectadas, especialmente en Los Lagos y Ñuble, trabajadores afectados han expresado su frustración y sensación de vulnerabilidad, subrayando que muchos fueron obligados a presentarse bajo amenaza de perder su empleo o sin recibir la debida compensación.
Contexto histórico y socioeconómico
Chile ha experimentado un crecimiento sostenido del comercio minorista, con un aumento de centros comerciales y tiendas que buscan extender horarios para captar consumidores. Sin embargo, la legislación laboral mantiene ciertos límites, especialmente en fechas de importancia cívica como las elecciones, para proteger el derecho al descanso y la participación ciudadana.
La persistencia de estas infracciones pone en evidencia un desfase entre la regulación y la realidad operativa de algunas empresas, además de la necesidad de fortalecer la fiscalización y promover una cultura laboral que valore los derechos ciudadanos.
Conclusiones y consecuencias
El caso de las 111 personas obligadas a trabajar ilegalmente durante las elecciones es un síntoma de tensiones profundas entre la expansión comercial y el respeto por los derechos laborales en Chile. Las multas aplicadas y la visibilización del problema han generado un llamado a mejorar los mecanismos de control y a reforzar la educación sobre derechos laborales.
Además, esta situación invita a reflexionar sobre cómo se concilian las demandas económicas con las garantías democráticas y sociales, particularmente en momentos clave para la vida pública.
En definitiva, la tragedia de estos trabajadores no solo es individual, sino que revela un desafío colectivo: asegurar que la legalidad y la justicia laboral sean efectivamente respetadas, incluso cuando los intereses comerciales presionan en sentido contrario.
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