
Un telón de fondo oscuro y creciente se ha instalado en Venezuela desde mediados de 2025, cuando diversas organizaciones no gubernamentales comenzaron a documentar un patrón inquietante: un ataque sistemático contra activistas sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos, que trasciende la clásica represión política y se adentra en una política de Estado con consecuencias palpables para toda la sociedad civil.
La ONG Provea, a través de su coordinador Marino Alvarado, ha sido la voz más contundente en denunciar esta escalada represiva. 'Nadie está a salvo en este momento (...) se desbordó a un nivel que ni siquiera los que están en el Gobierno están a salvo', afirmó en agosto, señalando que la persecución no distingue entre opositores y sectores que tradicionalmente apoyan al régimen de Nicolás Maduro.
Desde la detención arbitraria del profesor y dirigente sindical Roberto Campero en Aragua, hasta la captura de activistas como Rusbelia Astudillo y Martha Grajales, la estrategia estatal ha mostrado una línea clara: detenciones sin orden judicial clara, desapariciones forzadas y largos periodos de incomunicación. Esta última práctica, que implica la ausencia de contacto con familiares o abogados, se ha convertido en un mecanismo habitual para silenciar voces críticas.
El caso de Grajales, excarcelada tras presión internacional, es una excepción que confirma la regla. La mayoría de detenidos permanecen en un limbo legal que desarticula cualquier posibilidad de defensa efectiva.
Desde el oficialismo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha justificado algunas detenciones, como la de hinchas del Deportivo Táchira, argumentando que se trató de actos de violencia y resistencia a la autoridad. Sin embargo, para Alvarado y Provea, estos episodios son parte de un patrón más amplio que incluye a economistas, profesionales y representantes sindicales, arrestados bajo la sospecha de difundir información o posturas contrarias a las oficiales.
'La política de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas no tiene ninguna efectividad judicial, no se procesan habeas corpus y se genera autocensura', denuncia el coordinador de Provea, describiendo un sistema judicial colapsado o cómplice.
Este escenario ha generado un ambiente de miedo y autocensura que afecta a organizaciones sindicales, colegios profesionales y sectores educativos, minando la capacidad de la sociedad civil para organizarse y expresar disenso. La suspensión de la publicación de indicadores económicos oficiales, como la inflación, y la persecución de quienes intentan ofrecer datos alternativos, revelan una estrategia para controlar no solo la protesta política, sino también la narrativa económica.
La represión, que se intensificó tras las elecciones presidenciales de julio de 2025, ha dejado a cientos de personas en desaparición forzada, con procesos judiciales suspendidos o inexistentes, evidenciando una crisis profunda en el respeto a los derechos humanos.
El cuadro que emerge es el de un Estado que ha institucionalizado la represión como herramienta para sofocar toda forma de crítica, más allá de la política partidaria. La extensión del ataque a sectores sociales y profesionales indica un intento deliberado de controlar el tejido social y limitar cualquier espacio de resistencia o cuestionamiento.
Este fenómeno no solo erosiona las libertades fundamentales, sino que también amenaza la estabilidad social y la posibilidad de un diálogo democrático en Venezuela. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos enfrentan el desafío de sostener la presión y visibilizar una realidad que, más allá de titulares inmediatos, revela una tragedia en desarrollo.
Fuentes: Provea, Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Observatorio Venezolano de Finanzas, Cooperativa.cl.
2025-10-31