
Un ataque en un bus Red en San Ramón el 30 de julio de 2025 sacudió la percepción de seguridad en el transporte público de la zona sur de Santiago. Tres sujetos abordaron el recorrido 212, intimidaron a pasajeros y apuñalaron a uno, causando una herida que marcó el punto más grave de una serie creciente de asaltos. Este episodio, que terminó con la detención y prisión preventiva de uno de los implicados, ha abierto un debate que va más allá de la seguridad ciudadana, tocando fibras sociales y políticas profundas.
La investigación de la PDI y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur reveló que los agresores son en su mayoría personas en situación de calle, con antecedentes penales y una historia de exclusión social. El comisario Óscar Vielma explicó que “dos de los sujetos también están en situación de calle, lo que evidencia un círculo de vulnerabilidad que termina en violencia”. Este dato no es menor: la violencia en el transporte público se entrelaza con problemas estructurales de pobreza, salud mental y políticas públicas insuficientes para la reinserción.
Desde el sector político conservador, la respuesta ha sido clara y enérgica: “La prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos, aplicando mano dura contra quienes atentan contra el orden público,” sostiene un diputado oficialista. En contraste, voces desde organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que el enfoque punitivo no aborda las causas profundas. Una activista local señala: “No podemos solo criminalizar a quienes sufren la exclusión; necesitamos políticas integrales que incluyan salud, vivienda y oportunidades.”
En la comuna de San Ramón, donde estos hechos se han multiplicado, la percepción ciudadana oscila entre el miedo y la frustración. Usuarios del transporte público relatan un aumento en la sensación de inseguridad, pero también expresan dudas sobre la efectividad de las medidas policiales: cámaras y reconocimiento facial han permitido detenciones, pero no han frenado la recurrencia.
La formalización y prisión preventiva del principal imputado, un hombre de 40 años con antecedentes, es un paso judicial concreto. Sin embargo, el problema persiste y se agrava con la llegada del invierno, época en que aumenta la presencia de personas en situación de calle. El desafío es doble: proteger a quienes usan el transporte público y, al mismo tiempo, enfrentar un fenómeno social complejo.
Este caso expone la tensión entre la urgencia de la seguridad y la necesidad de políticas públicas integrales. La violencia en San Ramón no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de desigualdades y fallas en la red de protección social. Las soluciones requieren diálogo entre autoridades, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y la comunidad.
En definitiva, la historia del asalto en el bus Red es un espejo que muestra a un país en disputa entre la seguridad inmediata y la justicia social a largo plazo. La tragedia de un pasajero apuñalado es también la tragedia de un sistema que no logra contener la exclusión y la violencia que esta genera.