
El escenario político chileno se tensó esta semana con la llegada de Diego Pardow, exministro de Energía, a la comisión revisora de la acusación constitucional (AC) que pesa en su contra por errores en los cobros de tarifas eléctricas. La sesión del 17 de noviembre marcó un antes y un después en un proceso que hasta entonces había estado marcado por la ausencia del propio Pardow, quien ahora decidió enfrentar directamente las críticas.
Desde el origen, la AC ha sido un pulso entre diferentes fuerzas políticas. El oficialismo, representado en la comisión por el diputado Jaime Mulet (CS), ha optado por postergar la votación, argumentando la importancia de la presencia del exministro para garantizar un debate completo y justo. 'Su participación es muy relevante para esclarecer los hechos,' afirmó Mulet en la sesión previa.
En contraste, la oposición, con voces como Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN), ha denunciado esta postergación como una maniobra para dilatar el proceso y evitar que la votación ocurra antes de las elecciones presidenciales. 'Es lamentable que el presidente de la comisión se haya convertido en cómplice activo de una estrategia diseñada por La Moneda para ganar tiempo,' acusó Bobadilla.
La polémica se intensificó cuando la votación fue suspendida el sábado 15 de noviembre debido a la inasistencia de diputadas clave de la oposición, Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA), lo que imposibilitó la sesión. Este hecho fue interpretado por algunos sectores como un reflejo de las divisiones internas que atraviesa el Congreso, mientras otros lo ven como un ejercicio legítimo de la oposición para asegurar el debido proceso.
Desde una perspectiva regional, la controversia también ha levantado preocupaciones sobre la estabilidad del sector energético, dado que los errores en las tarifas eléctricas afectan directamente a consumidores y empresas, especialmente en zonas con menor acceso a servicios confiables. Organizaciones sociales han expresado su frustración por la demora en resolver responsabilidades claras.
Por otro lado, especialistas en derecho constitucional han señalado que la presencia del exministro en la comisión puede enriquecer el debate, aportando claridad y permitiendo un análisis más profundo, aunque advierten que la política suele entrelazarse con la judicialización, complicando las decisiones.
Finalmente, la sesión del lunes 17 de noviembre, con Pardow presente, no solo reactivó el proceso, sino que evidenció la complejidad de un sistema político que se debate entre la exigencia ciudadana de transparencia y las estrategias electorales de los partidos.
¿Qué se puede concluir? La acusación contra Pardow es más que un caso puntual: es un espejo de las tensiones políticas y sociales que atraviesan Chile en esta coyuntura electoral. La dilación en la votación refleja la dificultad de equilibrar el derecho a defensa con la urgencia de respuestas claras para la ciudadanía. La participación directa del exministro añade una dimensión humana y política que invita a un análisis menos superficial y más crítico del sistema democrático.
En definitiva, este episodio demuestra que las disputas políticas no solo se juegan en las urnas, sino también en los espacios de deliberación institucional, donde el tiempo y la estrategia pueden determinar el destino de figuras públicas y la confianza social en las instituciones.