Lavado de activos en La Araucanía: clan familiar y funcionario judicial enfrentan prisión preventiva: Un golpe judicial que desnuda las grietas del sistema
En el corazón de La Araucanía, un clan familiar y un funcionario del Poder Judicial quedaron en el centro de un escándalo que ha sacudido los cimientos del sistema judicial y policial. El 29 de agosto de 2025, tras meses de investigación bajo la denominada "Operación Imperio", la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público detuvieron a 41 personas vinculadas a una compleja red de lavado de activos. Entre ellos, tres hermanos y su padre, líderes de una organización criminal con un patrimonio que supera los 3 mil millones de pesos, incluyendo vehículos de alta gama, joyas, lanchas y hasta una avioneta.
Una red familiar con alcance y sofisticación
La estructura, según la Fiscalía, funcionaba con una organización piramidal donde cada miembro cumplía un rol específico: desde líderes hasta testaferros. Los delitos imputados incluyen estafa reiterada, falsificación de documentos públicos y privados, obtención fraudulenta de créditos bancarios y usurpación de identidad. Estas maniobras permitieron a la agrupación generar ingresos millonarios que luego blanqueaban a través de empresas ficticias y bancarización de terceros.
La sombra del Poder Judicial
Lo que agrega un matiz inquietante a este caso es la participación de un funcionario del Tribunal Oral en lo Penal, quien actuaba como asesor jurídico de la banda y facilitó la identidad para registrar un helicóptero, según confirmó el fiscal Enrique Vásquez. "Este es uno de los golpes más importantes que ha dado la PDI en materia de lavado de dinero en los últimos años en el país", afirmó el fiscal nacional Ángel Valencia al arribar a La Araucanía para supervisar la investigación.
Posturas enfrentadas y la defensa del líder
Mientras la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los 22 acusados restantes, incluidos los líderes familiares y el funcionario judicial, la defensa del principal imputado sostiene que existen justificaciones legales para la adquisición de bienes como la avioneta y los helicópteros. El abogado Dionisio Ulloa Berrocal señaló que su cliente tiene cómo respaldar la procedencia de estos activos, aunque la investigación aún está en curso.
Impacto regional y nacional
El caso ha generado un debate profundo en La Araucanía y en el país sobre la vulnerabilidad de las instituciones frente a redes criminales que logran infiltrar niveles claves, incluso dentro del Poder Judicial. Desde sectores políticos, algunos apuntan a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el sistema judicial, mientras otros advierten que la corrupción no es exclusiva de un sector, sino un problema transversal.
En la región, la ciudadanía ha expresado preocupación y desconfianza, especialmente en un territorio marcado por tensiones sociales y demandas de justicia. Organizaciones sociales y expertos en criminalidad han señalado que este caso evidencia la sofisticación y alcance que pueden tener las redes criminales familiares, y la importancia de un trabajo coordinado entre policías, fiscales y jueces para desarticularlas.
Verdad y consecuencias
El juez de Garantía de Temuco otorgó un plazo de ocho meses para que el Ministerio Público profundice la investigación. Esta medida busca asegurar que se clarifiquen todas las aristas del caso, que va más allá del lavado de activos y toca aspectos como la integridad institucional y la seguridad ciudadana.
Lo que queda claro, a más de dos meses del inicio de la "Operación Imperio", es que la conjunción entre poder familiar, corrupción interna y delitos económicos complejos puede desafiar las estructuras de control y generar un daño profundo a la confianza pública. El desafío para las autoridades y la sociedad será mantener la vigilancia y fortalecer la justicia, para que hechos como estos no se repitan y las heridas que abren puedan cerrar con verdad y reparación.