En un escenario donde la economía chilena busca estabilizarse tras años de incertidumbre, el Ministerio de Hacienda presentó a fines de agosto las cifras que guiarán el presupuesto público para 2026. El PIB tendencial fue fijado en 2,6% para el próximo año, una cifra que supera las estimaciones previas de entre 2,2% y 2,4%, mientras que el precio del cobre se proyectó en US$4,38 la libra, al alza respecto a los US$4,09 considerados para el presupuesto anterior.
Este anuncio ha encendido un debate profundo entre economistas y actores políticos, en el que convergen expectativas y advertencias. Por un lado, Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos y académico de la Universidad de Los Andes, señala que "es un cambio muy fuerte en el PIB tendencial para 2026 y por ello no lo comparto. Pero esto significa que habrá más ingresos estructurales para gastar, tanto por el PIB y Cobre". Acevedo calcula que el erario público podría contar con alrededor de US$1.000 millones adicionales para el próximo año.
En contraste, Cristina Torres, académica de la Universidad San Sebastián, advierte que "si bien esto entrega un espacio de crecimiento, este debiera acotarse considerando que este año como base no tendremos resultados positivos. El escenario vigente igualmente invita a usar este parámetro de forma conservadora". Su postura refleja la preocupación de que un optimismo excesivo podría llevar a sobreestimar la capacidad fiscal y, por ende, comprometer la sostenibilidad a mediano plazo.
Desde una mirada técnica, Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, estima que "nuestra estimación preliminar es un alza del gasto en términos reales en torno a 2% anual entre 2026 vs. 2025", cifra que refleja una moderada expansión del gasto público que busca equilibrar crecimiento y prudencia.
La Dirección de Presupuestos (Dipres) también reportó que la ejecución fiscal ha mostrado signos de recuperación. En julio, los ingresos totales del Gobierno Central crecieron un 19,4% real anual, acumulando un aumento del 6,3% en los primeros siete meses del año, impulsados principalmente por la recaudación tributaria, donde destaca el aporte del royalty a la minería.
Este contexto pone en escena una tensión clásica: la tentación de aumentar el gasto público ante mejores ingresos versus la necesidad de mantener disciplina fiscal para no comprometer la estabilidad futura. Las voces en pugna no buscan consensuar, sino mostrar la complejidad del desafío.
En términos regionales, el alza en el precio del cobre tiene un impacto directo en las zonas mineras del norte, donde la expectativa de mayores recursos ha generado tanto optimismo como preocupación por la gestión local de estos fondos. En el mundo político, las posturas se dividen principalmente entre sectores que abogan por una expansión del gasto para impulsar políticas sociales y quienes llaman a la cautela ante eventuales shocks externos o desaceleraciones globales.
Finalmente, la verdad que emerge tras meses de análisis es que el presupuesto 2026 se apoya en proyecciones optimistas que abren una ventana para aumentar la inversión pública, pero que requieren prudencia y diálogo amplio para evitar que la esperanza se transforme en sobreendeudamiento o desequilibrios fiscales. El coliseo está abierto: los actores económicos y políticos deben medir sus fuerzas para no caer en la tragedia de una mala gestión en tiempos de bonanza aparente.