En Estación Central, cuatro torres de más de 30 pisos se elevan como monumentos a una crisis latente. Terminadas pero vacías, estas moles de concreto, apodadas "edificios fantasmas", son el epicentro de una compleja batalla que, meses después de estallar en los medios, ha madurado hasta revelar sus profundas raíces. No se trata solo de permisos denegados, sino del choque de dos visiones de ciudad: una impulsada por la vertiginosa demanda habitacional y la rentabilidad inmobiliaria, y otra que intenta, tardíamente, ponerle freno en nombre de la calidad de vida y la legalidad urbanística. La situación de estos edificios, que albergarían a miles de familias hoy en la incertidumbre, se ha convertido en el símbolo de las consecuencias de décadas de crecimiento sin planificación.
La crisis actual es el resultado de un vacío normativo histórico: Estación Central fue por años una de las pocas comunas de Santiago sin un Plan Regulador Comunal (PRC). Esta ausencia creó un terreno fértil para que, durante la administración anterior, se aprobaran proyectos de una densidad sin precedentes, dando origen a los llamados "guetos verticales". Con la llegada del alcalde Felipe Muñoz (Frente Amplio) en 2021, el paradigma cambió. Su administración, que llegó al poder con la promesa de detener lo que calificó de "urbanicidio", comenzó a invalidar permisos y a negar la recepción final de obras, argumentando que estas no cumplían con la normativa vigente al momento de su ejecución, como la Circular DDU N° 313 del Minvu que desde 2016 limitaba las alturas.
Esta decisión desató una guerra en múltiples frentes. Las inmobiliarias, que invirtieron millones de pesos amparadas en permisos que consideraban legalmente emitidos, acusan a la municipalidad de obstrucción política y de generar una grave incertidumbre jurídica. El conflicto escaló a tribunales y a la Contraloría General de la República, entidad que ha emitido dictámenes complejos: por un lado, ha respaldado la potestad del municipio para invalidar permisos ilegales, pero por otro, ha señalado que los proyectos deben ser evaluados bajo las normas existentes al momento de su solicitud, abriendo una puerta para destrabar la situación que, sin embargo, sigue en punto muerto.
La controversia se alimenta de visiones irreconciliables:
El conflicto de Estación Central trasciende la disputa legal y administrativa. Obliga a una reflexión nacional sobre el modelo de desarrollo urbano. Mientras la comuna se ahogaba en torres de alta densidad sin suficientes áreas verdes, servicios o infraestructura vial, en otras partes del mundo, como Barcelona, se implementaban modelos como las "supermanzanas". Este concepto, que prioriza al peatón sobre el vehículo y fomenta la vida comunitaria, plantea una pregunta incómoda: ¿es la densidad el problema, o la falta de una visión integral que la acompañe? La crisis de Estación Central no es solo un fracaso normativo, sino también un fracaso de la imaginación urbana, donde la vivienda fue reducida a una unidad transable en el mercado, desconectada de su entorno y del bienestar de sus habitantes. El debate sobre el pago de contribuciones, que tensiona las finanzas municipales, añade otra capa: ¿cómo pueden los municipios financiar los servicios que una población creciente demanda si el propio modelo de crecimiento es insostenible?
Hoy, la situación sigue en un tenso compás de espera. El municipio avanza en la tramitación de su primer Plan Regulador Comunal, una herramienta que promete ordenar el futuro pero no resuelve el pasado. Los cuatro "edificios fantasmas" continúan deshabitados, y las disputas legales siguen su curso en las cortes de apelaciones. La crisis de Estación Central se ha consolidado como una cicatriz visible en el rostro de Santiago, una lección sobre los peligros del crecimiento desregulado y un recordatorio permanente de que la construcción de una ciudad justa y habitable es una tarea política y social, no solo un negocio.