Cinco policías bolivianos en prisión preventiva por narcotráfico en la frontera chilena: un caso que desnuda tensiones y desafíos transfronterizos
Un operativo policial en la frontera norte de Chile, ocurrido el 24 de agosto de 2025, terminó por revelar una trama que va más allá del simple delito de narcotráfico. Cinco policías bolivianos y un civil fueron detenidos con más de 570 kilos de droga y armamento ilegal, lo que llevó a su prisión preventiva y abrió un debate que aún hoy, tres meses después, sigue resonando en los ámbitos políticos, sociales y diplomáticos.
El hallazgo se produjo en el sector del Hito Cajón, a 1,8 kilómetros de la frontera con Bolivia, cuando Carabineros fiscalizó dos vehículos atrapados en la nieve, en la ruta CH-27, kilómetro 50. En uno se encontraron 499 kilos 850 gramos de marihuana y 73 kilos 750 gramos de pasta base de cocaína; en el otro, un Nissan Patrol sin distintivos oficiales, había armamento y municiones en cantidad significativa, además de 14 celulares y dispositivos que sugieren coordinación y planificación.
Los policías bolivianos dispararon contra la camioneta del civil, a quien mantuvieron secuestrado momentáneamente, hasta que Carabineros intervino. La Fiscalía de Calama formalizó cargos por tráfico de drogas, secuestro, tenencia ilegal de armas y disparos injustificados, entre otros delitos.
El contexto político y social
Desde la perspectiva del Gobierno chileno, este caso representa una clara violación a la soberanía nacional y un desafío a la seguridad en una zona ya compleja por el tráfico ilícito y la migración irregular. Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta, señaló que “nuestro Ministerio Público está obligado a actuar, sin importar nacionalidad o función”.
Por otro lado, autoridades bolivianas han manifestado preocupación por el impacto que esta detención masiva tiene en las relaciones bilaterales, aunque han evitado una reacción oficial contundente, buscando mantener canales diplomáticos abiertos.
La comunidad local en San Pedro de Atacama ha expresado inquietudes por la seguridad y la presencia de actores armados en la frontera. Algunos sectores sociales advierten que el caso refleja problemas estructurales en la cooperación binacional para combatir el narcotráfico, mientras que otros llaman a no estigmatizar a las fuerzas policiales extranjeras sin un debido proceso.
Perspectivas contrapuestas
Desde la mirada política, el caso ha sido utilizado por sectores de oposición para criticar la gestión del Gobierno en materia de seguridad fronteriza, señalando que la presencia de policías involucrados en narcotráfico evidencia fallas en el control y vigilancia.
En contraste, algunos analistas y organizaciones de derechos humanos advierten sobre la necesidad de no caer en discursos xenófobos o que puedan exacerbar tensiones sociales entre comunidades fronterizas, donde la convivencia es cotidiana.
Conclusiones y consecuencias visibles
Tres meses después, el caso mantiene en prisión preventiva a los seis imputados, con una investigación que aún no concluye. La Fiscalía fijó un plazo de 150 días para esclarecer la red y posibles cómplices.
Este episodio desnuda la complejidad de la seguridad en la frontera norte chilena, donde la mezcla de narcotráfico, violencia y relaciones diplomáticas tensas obliga a repensar estrategias conjuntas y fortalecer la cooperación binacional.
Además, pone en evidencia la fragilidad de la institucionalidad policial en Bolivia, cuyos agentes aparecen involucrados en delitos graves, lo que genera un efecto corrosivo en la confianza mutua.
En definitiva, el caso no solo es un desafío para el sistema judicial chileno, sino un espejo de las dificultades históricas y actuales que enfrentan ambos países en materia de control fronterizo, seguridad y convivencia social. La historia está lejos de cerrarse, pero lo que ya se puede afirmar es que la frontera es un escenario donde convergen tragedias humanas, disputas políticas y la lucha por el orden y la justicia.
Fuentes consultadas: La Tercera, Fiscalía Regional de Antofagasta, declaraciones oficiales de Carabineros y análisis de expertos en seguridad fronteriza.