Investigación por derrumbe en El Teniente: entre la búsqueda de justicia y las tensiones corporativas
El 31 de julio de 2025, un derrumbe en la mina División El Teniente, en la Región de O’Higgins, dejó un saldo trágico: seis mineros perdieron la vida. Más de tres meses después, la historia no ha encontrado un cierre, sino que se ha profundizado en un escenario de tensiones, acusaciones y demandas de justicia que enfrentan a la estatal Codelco, sus ejecutivos y las familias afectadas.
La cronología de un drama que no cesa
Tras el accidente, la fiscalía inició una investigación que ha involucrado a cientos de funcionarios de la PDI y múltiples diligencias simultáneas, incluyendo allanamientos en las oficinas centrales de Codelco y en la División El Teniente. Estas acciones, supervisadas por el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, buscan recabar antecedentes complementarios a la información ya entregada por la empresa.
En agosto, los familiares de dos de los mineros fallecidos interpusieron querellas por cuasidelito de homicidio, apuntando directamente a Máximo Pacheco, presidente ejecutivo de Codelco, y a otros altos directivos. La acción judicial también incluye a Andrés Music, exgerente de la división, y a representantes de la empresa contratista Constructora Gardilcic.
Voces enfrentadas: justicia, responsabilidad y recursos
Desde la perspectiva de las familias, la tragedia no es solo un accidente sino un fallo grave en la gestión y seguridad minera. Ana Pavez, hermana de una de las víctimas, clamó por que "las cabezas grandes" paguen por lo ocurrido. Para ellas, la responsabilidad se concentra en la cúpula de Codelco, a la que acusan de imprudencia temeraria.
En contraste, la empresa estatal ha reiterado su disposición a colaborar con la investigación, aunque ha debido enfrentar críticas por la falta de avances judiciales concretos. La fiscalía ha reconocido limitaciones en recursos para peritajes especializados, lo que ha sido señalado como un obstáculo para esclarecer la verdad. El abogado querellante Christian Berndt ha cuestionado públicamente esta situación, calificándola de "impresentable para un caso de esta magnitud".
Un coliseo de poderes y consecuencias
El escenario de esta investigación se ha convertido en un verdadero coliseo donde se enfrentan la tragedia humana, la responsabilidad corporativa y la capacidad estatal para administrar justicia. Por un lado, las familias buscan respuestas y sanciones ejemplares; por otro, la empresa y sus ejecutivos navegan entre la defensa legal y la necesidad de mantener la operación minera, vital para la economía nacional.
Además, la investigación ha puesto en evidencia las tensiones estructurales en la minería estatal: la presión por la productividad, las normas de seguridad y la fiscalización efectiva. La participación de Sernageomin, organismo regulador, ha sido también foco de escrutinio, en un contexto donde la confianza pública en las instituciones está en juego.
¿Qué se puede concluir hasta ahora?
- El derrumbe en El Teniente expuso fallas en seguridad y gestión que derivaron en la muerte de seis trabajadores.
- La justicia enfrenta desafíos significativos para avanzar en la investigación, especialmente por limitaciones presupuestarias y técnicas.
- Los familiares de las víctimas han llevado la disputa a la arena judicial, apuntando a la alta dirección de Codelco y a contratistas como responsables.
- Codelco mantiene una postura colaborativa, pero también defensiva, en un contexto de fuerte presión pública y política.
Este caso no solo es una tragedia minera, sino un espejo de las complejidades que enfrenta Chile para equilibrar desarrollo, seguridad laboral y justicia social. La historia sigue abierta, y su resolución tendrá implicancias profundas para el sector minero y la confianza ciudadana en las instituciones.
Fuentes consultadas incluyen reportes de Cooperativa.cl, declaraciones judiciales y entrevistas con familiares y expertos legales.