Secuestro del exalcalde Montoya: La red criminal tras bambalinas y la extradición que sacudió la investigación

Un secuestro que estremeció a Macul y a Chile entero ha ido revelando, en sus meses de investigación, un entramado que trasciende la simple acción delictual para exponer un choque de fuerzas entre organizaciones criminales transnacionales y la justicia chilena. El secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya, ocurrido en junio de 2025, ha desnudado la operación de una banda vinculada al Tren de Aragua, una organización venezolana que ha extendido su influencia en la Región Metropolitana.

Desde el inicio, las autoridades enfrentaron un desafío mayúsculo. La detención del tercer imputado, en agosto, mostró la sofisticación de la red: un sujeto que no solo conducía el vehículo del secuestro, sino que manejaba transacciones bancarias fraudulentas y eliminaba evidencia clave. La Fiscalía no dudó en imputar secuestro extorsivo y porte ilegal de armas, calificando al detenido como un peligro para la sociedad. Esta figura, además, fue asociada a la facción "Los Mapaches" del Tren de Aragua, poniendo en evidencia la expansión territorial del grupo.

Pero la historia dio un vuelco cuando, en octubre, se concretó la extradición desde Perú de Daybelis Joselin Puerta Puerta, joven venezolana de 22 años, considerada pieza clave en la logística del secuestro. Según la Fiscalía ECOH, Puerta Puerta fue la encargada de retirar personalmente el dinero exigido por los captores en el domicilio de Montoya, actuando como nexo directo entre la víctima y la organización criminal.

Este hecho no solo confirmó la dimensión internacional del caso, sino que también evidenció la complejidad de las redes criminales que operan en la región. La vivienda en Renca, desde donde se coordinaban al menos cinco secuestros extorsivos en la capital, se convirtió en el epicentro de una investigación que ha desafiado los límites de la cooperación internacional y la capacidad del Estado para desarticular estas estructuras.

Desde el frente político, las reacciones han sido diversas y tensas. Mientras sectores conservadores han enfatizado la necesidad de endurecer las penas y fortalecer la seguridad ciudadana, voces de izquierda y organizaciones sociales advierten sobre la urgencia de abordar las causas estructurales que alimentan estas redes, como la migración irregular, la exclusión social y la falta de oportunidades.

En la comunidad de Macul y en el entorno de Montoya, el secuestro dejó heridas profundas. Ciudadanos y líderes locales han expresado su preocupación por la seguridad y la integridad de las instituciones democráticas, al tiempo que exigen transparencia y resultados concretos en la investigación.

Desde el ámbito judicial, el caso ha puesto sobre la mesa la eficacia de las medidas cautelares y la coordinación entre organismos nacionales e internacionales. Con cinco imputados formales y un plazo de investigación extendido a 120 días, el proceso continúa bajo estricta vigilancia pública. La extradición de Puerta Puerta ha sido un precedente que podría abrir nuevas vías para enfrentar la criminalidad transnacional.

En definitiva, el secuestro del exalcalde Montoya es más que un hecho policial aislado; es un espejo que refleja tensiones sociales, desafíos institucionales y la lucha contra un fenómeno criminal que se ramifica más allá de las fronteras.

Como señaló el subprefecto Claudio Caro, jefe subrogante de la BIPE-Antisecuestros, "la investigación revela una complejidad que obliga a repensar nuestras estrategias y a fortalecer la cooperación internacional".

Las verdades que se pueden constatar hasta ahora son claras: la banda operaba con una estructura definida, con roles específicos y con conexiones internacionales; la justicia ha logrado avances significativos, pero el proceso es aún largo y requiere de recursos y voluntad política; y la sociedad chilena enfrenta un nuevo desafío en materia de seguridad y convivencia, donde la prevención y la justicia deben ir de la mano.

Este caso invita a la reflexión sobre cómo un país que se precia de estabilidad democrática debe enfrentarse a las sombras que emergen desde la criminalidad organizada, sin ceder a la simplificación ni al alarmismo, sino desde una mirada crítica, plural y con la mirada puesta en el largo plazo.