Hacienda presenta indicaciones al Presupuesto 2026 sin consenso político: un pulso entre Ejecutivo y oposición que redefine prioridades
La presentación de indicaciones al Presupuesto 2026 por parte del Ministerio de Hacienda ha cristalizado un escenario de alta tensión política y ausencia de acuerdos, que refleja las profundas fracturas entre el Ejecutivo y las principales fuerzas opositoras.
El 29 de octubre de 2025, la Comisión Especial Mixta rechazó 29 de las 33 partidas presupuestarias, un rechazo masivo que evidenció la falta de consenso sobre la distribución y el destino de recursos públicos para el próximo año. Desde entonces, las negociaciones entre el Gobierno, Chile Vamos y el Partido Republicano se han caracterizado por idas y venidas, con la negativa final de Republicanos a sumarse a la mesa de diálogo tras el rechazo de Chile Vamos y Demócratas a continuar las conversaciones en el plano político y técnico.
El 13 de noviembre, Hacienda ingresó unilateralmente un primer set de indicaciones para reponer las partidas rechazadas, priorizando subsidios para vivienda, recursos para listas de espera en salud y programas sociales como el plan "Más AMA" para adultos mayores. Estas indicaciones reflejan acuerdos parciales con el oficialismo, pero no cuentan con respaldo de la oposición, lo que anticipa una discusión parlamentaria compleja y fragmentada.
Un tablero político fracturado
"El rechazo masivo en la comisión mixta fue un llamado de atención sobre la falta de diálogo y la necesidad de repensar prioridades", señala la senadora Yasna Provoste (DC), quien valora el aumento de subsidios habitacionales en las indicaciones, pero advierte que "la ausencia de un acuerdo político robusto limita la eficacia del Presupuesto".
Por su parte, desde Chile Vamos, la propuesta entregada al Ejecutivo incluye 11 puntos para redefinir el erario, como reasignar fondos desde Cultura a la Contraloría y revertir la reducción en subsidios DS49 para vivienda. Sin embargo, la negativa a continuar negociaciones refleja desconfianza y diferencias sobre el rol del SII y la gestión tributaria.
El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) expresó su rechazo a la mesa de diálogo tras la participación del SII en la discusión técnica y la falta de avances concretos, evidenciando una brecha que dificulta la construcción de consensos.
La recaudación tributaria y los desafíos fiscales
Según información entregada en reuniones técnicas, la Ley de Cumplimiento Tributario ha logrado recaudar un 70% de la meta a septiembre, con un objetivo para 2026 de 0,7% del PIB. Sin embargo, la oposición considera esta meta demasiado optimista, y el oficialismo advierte la necesidad de medidas adicionales para mejorar la administración tributaria, incluyendo una mayor coordinación con Aduanas.
En este contexto, se ha propuesto descongelar la tramitación del proyecto de ley que regula el juego online, que podría aportar ingresos fiscales significativos, y retomar el proyecto de fomento al turismo con una tasa para turistas extranjeros. El debate sobre las exenciones tributarias vuelve a estar sobre la mesa, reflejando la complejidad para equilibrar ingresos y gasto público.
Consecuencias y perspectivas
La decisión de Hacienda de avanzar sin consenso pone en evidencia un choque de voluntades que trasciende lo técnico y se instala en el terreno político. La falta de acuerdos claros podría prolongar la incertidumbre sobre el financiamiento público y afectar la capacidad del Estado para responder a demandas sociales urgentes, como vivienda, salud y educación.
"El Presupuesto no es solo una ley financiera, sino un pacto político que define prioridades nacionales", señala un analista político consultado, quien advierte que "la fragmentación actual puede limitar la eficacia de las políticas públicas y complicar el inicio de la próxima administración".
En definitiva, el episodio desnuda la dificultad de construir consensos en un escenario político polarizado, donde las tensiones entre Ejecutivo y oposición se traducen en un presupuesto que arranca con incertidumbres y desafíos para su aprobación y ejecución.
Este primer capítulo del debate presupuestario invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y construir acuerdos que trasciendan las coyunturas electorales, para asegurar un manejo fiscal responsable y una respuesta efectiva a las demandas ciudadanas.