Senado chileno en pugna: indultos, licencias y control político en el centro del debate
Un escenario de confrontación política y ética se ha instalado en el Senado chileno durante los últimos meses, donde tres grandes temas han marcado la agenda legislativa y el debate público: la prohibición de indultos a violadores de derechos humanos, la lucha contra el mal uso de licencias médicas en el sector público y las tensiones propias del ejercicio del poder político.
El fantasma de Punta Peuco y la reforma constitucional contra los indultos
El 11 de septiembre de 2025, senadores del Partido Socialista presentaron una reforma constitucional destinada a impedir que los indultos presidenciales beneficien a condenados por crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, pedofilia y delitos graves de alta connotación. Esta iniciativa, bautizada como "No a la ley Krasnoff", nace en respuesta directa a la propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast de evaluar indultos humanitarios para internos de Punta Peuco, entre ellos Miguel Krasnoff, condenado a más de mil años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.
“No podemos permitir que la justicia se convierta en una herramienta de impunidad para quienes cometieron crímenes atroces”, afirmó el senador Juan Luis Castro, uno de los impulsores de la reforma.
Sin embargo, la propuesta ha profundizado las divisiones no solo en el espectro político, sino también en los familiares de víctimas y condenados. Mientras voces como la de Carol Urzúa Chegia, hijo de un exintendente asesinado, abogan por una justicia sin venganza, otros como Juan Carlos Chávez y Alejandra Parra, hijos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, exigen que los responsables mueran en prisión.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia Jaime Gajardo ha enfatizado que cualquier medida deberá respetar el Estatuto de Roma, que exige arrepentimiento y colaboración con la justicia, y reafirmó el compromiso presidencial de transformar Punta Peuco en un penal común aumentando su capacidad.
Licencias médicas fraudulentas: un problema que trasciende la burocracia
El mal uso de licencias médicas en el sector público ha sido otra arista que ha puesto en jaque la confianza ciudadana en las instituciones. En junio de 2025, senadores de Chile Vamos presentaron un proyecto de ley para destituir a funcionarios públicos que hagan uso fraudulento de licencias médicas, luego de que la Contraloría General revelara que más de 25 mil funcionarios viajaron al extranjero durante licencias entre 2023 y 2024.
El proyecto, liderado por parlamentarios de la UDI y Evópoli, propone modificar el estatuto administrativo para incorporar como causal directa de destitución el uso indebido de licencias y establecer la figura de "salud incompatible con el cargo" para casos de ausentismo prolongado.
“Es inaceptable que mientras millones se esfuerzan día a día, algunos vivan del Estado mintiendo”, sentenció el senador Rojo Edwards.
Paralelamente, el gobierno promulgó en mayo una ley que fortalece la fiscalización y sanciona administrativa y penalmente la emisión fraudulenta de licencias médicas, incluyendo requisitos como la aprobación del Eunacom para médicos que las emitan.
Tensiones políticas y el pulso legislativo
En un contexto de polarización creciente, las disputas en el Senado no se han limitado a proyectos de ley. Ejemplos como la pelea a golpes entre senadores mexicanos por el uso de la palabra, o la decisión chilena de rechazar aumentos de multas a empresas por cortes de energía, reflejan una atmósfera de confrontación y resistencia al consenso.
En agosto de 2025, la bancada UDI impulsó un proyecto para prohibir el uso de celulares en colegios, argumentando la necesidad de recuperar el control en las salas de clases y proteger la salud mental de los menores, mientras que en septiembre, senadores del mismo partido criticaron al Gobierno por permitir el ingreso de fruta peruana en medio de una crisis agrícola por la mosca de la fruta.
Estas iniciativas evidencian la diversidad y, a menudo, la disonancia de los enfoques políticos en temas sociales, económicos y de seguridad, que atraviesan el debate público chileno.
Constataciones finales
La confluencia de estos temas en el Senado revela las complejidades de un país en plena redefinición de sus pactos sociales y políticos. La reforma para prohibir indultos a violadores de derechos humanos pone en evidencia la persistencia de heridas históricas y la dificultad de conciliar justicia y memoria.
Por otro lado, la lucha contra el abuso de licencias médicas refleja una demanda ciudadana por mayor transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos, un problema que afecta la percepción del Estado y su capacidad de gestión.
Finalmente, las tensiones legislativas y las disputas políticas muestran que el Senado sigue siendo un espacio donde se dirimen no solo leyes, sino también las narrativas que configuran la sociedad chilena contemporánea.
Este escenario invita a la reflexión profunda sobre los límites del diálogo político, la justicia social y la gobernabilidad, en un momento en que Chile enfrenta desafíos múltiples y urgentes.
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Fuentes: Cooperativa.cl, La Tercera, Publimetro Chile, Diario Financiero.