
El domingo 16 de noviembre de 2025 marcó un día de tensiones y contradicciones en Ecuador, cuando la ciudadanía acudió masivamente a las urnas para decidir sobre cuatro propuestas clave del presidente Daniel Noboa. Con cerca del 70% de las actas validadas, más del 60% de los votantes rechazaron la creación de una Asamblea Constituyente, la instalación de bases militares extranjeras, la reducción del financiamiento estatal a partidos políticos y la disminución de escaños en la Asamblea Nacional.
Este rechazo popular se produjo en paralelo al anuncio oficial de la captura en España de Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, el máximo líder del cartel Los Lobos, la organización criminal más poderosa del país, responsable de una escalada de violencia sin precedentes. La detención se concretó tras una operación conjunta entre las policías de Ecuador y España, y fue comunicada por Noboa en medio de la jornada electoral.
El presidente Noboa había impulsado el referendo como parte de una estrategia para reafirmar un giro político y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Sus propuestas incluían el regreso de bases militares extranjeras, prohibidas desde 2008, como un mecanismo para mejorar la seguridad, además de reformas políticas para reducir la burocracia y la influencia partidista.
“Celebramos esta jornada democrática, porque no hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre su futuro”, afirmó Noboa tras votar en Olón, provincia de Santa Elena. Sin embargo, la contundente negativa ciudadana pone en evidencia una distancia entre las expectativas del gobierno y el sentir popular.
Desde la oposición, el correísmo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) encabezaron la campaña del rechazo, denunciando un uso excesivo de recursos públicos para una convocatoria que califican de “distracción” con fines privatizadores, especialmente en educación y salud. Para ellos, la actual Constitución de 2008 es un marco garantista que protege los derechos y la democracia.
Mientras el país votaba, la noticia de la captura de “Pipo” resonó como un golpe simbólico y práctico contra el narcotráfico y la violencia. Chavarría, quien fingió su muerte en 2021 y se sometió a múltiples cirugías para evitar ser identificado, lideraba Los Lobos desde Europa, controlando rutas de droga, minería ilegal y múltiples asesinatos, incluyendo el atentado con auto bomba en Guayaquil y la planificación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
“El delincuente más peligroso y buscado de la región”, lo calificó el ministro del Interior John Reimberg, destacando la cooperación internacional como clave para esta captura.
No obstante, esta victoria policial no ha logrado aún traducirse en cambios profundos en la seguridad pública, dado que la violencia y el narcotráfico siguen constituyendo una amenaza grave y persistente para Ecuador.
El rechazo a las bases militares extranjeras contrasta con la postura del gobierno y sectores que ven en la cooperación internacional un pilar para combatir el crimen. La historia reciente de Ecuador, con la prohibición de bases desde 2008 y episodios previos de violaciones a derechos humanos, explica la sensibilidad y desconfianza de amplios sectores sociales y políticos.
Además, el alto nivel de participación electoral (más del 80%) refleja un país activo y polarizado, donde las demandas sociales y la inseguridad alimentan debates profundos sobre el rumbo político e institucional.
Ecuador enfrenta un momento de encrucijada: mientras logra un golpe notable al crimen organizado con la captura de “Pipo”, la ciudadanía rechaza las reformas institucionales propuestas por el gobierno para enfrentar estos mismos desafíos. Este doble resultado revela una tensión entre la urgencia de seguridad y el temor a perder derechos o a cambios que no cuentan con legitimidad social.
La fragmentación política y social, evidenciada en el referendo y las posturas enfrentadas, augura un futuro complejo para Ecuador, donde la cooperación internacional y las reformas internas deberán navegar en un terreno de desconfianza y demandas ciudadanas profundas.
El desafío para Noboa y su administración será construir puentes que integren las distintas voces y permitan avanzar en políticas de seguridad y gobernabilidad con respaldo popular, evitando que la violencia y la polarización sigan erosionando el tejido democrático del país.
Fuentes: La Tercera, Cooperativa.cl, Consejo Nacional Electoral de Ecuador, declaraciones oficiales del gobierno ecuatoriano y análisis de organizaciones sociales.