La Araucanía enfrenta una nueva etapa de violencia rural: criminalidad organizada desplaza la violencia política

Un cambio de escenario en La Araucanía se ha ido consolidando en los últimos meses, donde la tradicional violencia rural ligada a conflictos políticos ha dado paso a una criminalidad rural estructurada y más compleja. Entre 2019 y 2022, la región experimentó uno de sus períodos más violentos, con cerca de mil denuncias anuales y 17 víctimas fatales. Sin embargo, a partir de 2023, la Fiscalía Regional reportó una caída del 55% en denuncias de violencia rural, llegando a 242 en 2024, el nivel más bajo desde 2018. Este descenso se atribuye a una estrategia estatal centrada en desarticular las estructuras criminales y cortar sus fuentes de financiamiento, destacando la condena a 23 años de prisión de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que tuvo un efecto disuasivo en la violencia política directa.

Pero esta aparente mejora encubre una transformación alarmante: la criminalidad rural, vinculada a robos de madera, tráfico de drogas, portonazos y extorsiones, ha crecido y se ha consolidado en bandas organizadas. Estos grupos, aunque se amparan en reivindicaciones mapuches, carecen de demandas políticas claras y operan con lógicas propias del crimen organizado, buscando el control territorial y la impunidad. Casos recientes ilustran esta deriva: la extorsión millonaria a un empresario en Lautaro para evitar la quema de su propiedad y la aparición de falsos comuneros en Angol que extorsionaban a nombre de causas indígenas.

Luis Cordero, ministro de Seguridad, señaló que el Gobierno presentó querellas por asociación criminal y homicidio calificado tras el asesinato de un guardia forestal en Victoria, un hecho que marcó un punto crítico en esta nueva etapa. Este homicidio, ocurrido en agosto de 2025, no solo conmocionó a la región sino que evidenció el carácter de crimen organizado que hoy permea la inseguridad rural. Además, ataques incendiarios recientes, como el ocurrido la madrugada del 23 de agosto donde cinco máquinas fueron quemadas en un predio de Victoria, muestran la escalada de violencia y la impunidad con que operan estos grupos.

Desde la perspectiva regional, esta inseguridad ha generado un estancamiento económico y social. El sector forestal, clave para la macrozona sur, apenas proyecta inversiones por US$36 millones entre 2025 y 2029, mientras que 800 aserraderos han cerrado y se han perdido 8.000 empleos en la última década. La falta de certezas y la violencia afectan no solo la competitividad productiva sino también la cohesión social, profundizando la desconfianza entre comunidades y autoridades.

Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, lamentó que los procesos de consulta indígena y diálogo no involucren plenamente a la sociedad civil, lo que dificulta construir soluciones integrales. En paralelo, el Gobierno ha destacado avances en consultas indígenas, pero reconoce que el camino es complejo y que la violencia y criminalidad requieren respuestas coordinadas y de largo plazo.

Verdades y consecuencias:

Este nuevo patrón de violencia en La Araucanía no es un simple repunte de hechos aislados, sino la consolidación de un fenómeno estructurado que desafía las políticas tradicionales de seguridad y diálogo. La reducción de la violencia política directa no ha significado paz ni seguridad para la ciudadanía, sino la emergencia de redes criminales que operan con métodos y objetivos distintos, erosionando la convivencia y el desarrollo.

Sin una voluntad política clara y sostenida, y sin fortalecer las instituciones locales para garantizar seguridad y justicia, la región seguirá atrapada en un círculo vicioso que limita inversiones, destruye empleos y fractura el tejido social. La Araucanía demanda medidas que vayan más allá de la represión o el diálogo sectorial, que integren a todas las voces y sectores, y que construyan un entorno de certeza para vivir, producir e invertir sin miedo.

Este análisis se basa en reportes de la Fiscalía Regional de La Araucanía, declaraciones del Ministerio de Seguridad, y cobertura periodística de medios como Diario Financiero, BioBioChile, La Tercera y Cooperativa, que han documentado la evolución y complejidad de este fenómeno en los últimos meses.