Starlink en Chile: Seis estaciones terrenas para conectar satélites y un debate sobre soberanía digital
En agosto de 2025, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) autorizó a Starlink, la empresa de internet satelital propiedad de Elon Musk, a instalar seis estaciones terrenas en Chile, con el fin de conectar su constelación de satélites en órbita baja (LEO). La autorización oficial se publicó el 27 de agosto, con un plazo de 30 días para iniciar obras y un horizonte de 22 meses para su finalización. Estas estaciones estarán distribuidas principalmente en la Región Metropolitana —en San Bernardo, Pudahuel, Las Condes y Quilicura—, además de Cabrero (Biobío) y Limache (Valparaíso).
Este despliegue responde a un crecimiento notable en la demanda del servicio satelital, que ya representa el 63,3% de las conexiones a internet fijo por tecnologías distintas a la fibra óptica, según datos oficiales del primer trimestre de 2025.
La llegada de Starlink a Chile ha desatado un choque de perspectivas que revela tensiones profundas en torno a la soberanía digital, el desarrollo tecnológico y el rol del Estado.
Desde un punto de vista empresarial y tecnológico, la expansión se ve como una oportunidad para cerrar brechas de conectividad en zonas urbanas y rurales, y para posicionar a Chile como un nodo estratégico en la red global de internet satelital. “La instalación de estas estaciones permitirá mejorar la velocidad, estabilidad y cobertura del servicio, beneficiando a miles de usuarios, especialmente en regiones con infraestructura limitada”, señala un ejecutivo de Starlink consultado por medios nacionales.
Sin embargo, esta visión no es compartida por todos. Desde sectores políticos y académicos, se advierte sobre los riesgos de entregar infraestructura crítica a empresas extranjeras que controlan datos y redes. “Chile debe cuidar su soberanía digital y garantizar que los datos de sus ciudadanos no queden en manos de actores privados con intereses ajenos a los nacionales”, argumenta una académica de la Universidad de Chile especializada en políticas públicas digitales.
Además, la concentración de estaciones en la Región Metropolitana ha generado cuestionamientos sobre la equidad territorial. Comunidades en Biobío y Valparaíso valoran la llegada de tecnología avanzada, pero reclaman mayor participación en la planificación y beneficios directos.
En el plano regulatorio, la autorización de Subtel refleja un cambio en la política de telecomunicaciones, que ha ido flexibilizando las normas para atraer inversión extranjera en infraestructura satelital. Pero expertos legales advierten que la legislación vigente aún carece de mecanismos claros para supervisar la gestión de datos y la seguridad nacional en este nuevo escenario.
Este “coliseo” tecnológico enfrenta a un magnate global que busca expandir su imperio digital, a un Estado que debe equilibrar desarrollo y control, y a una sociedad que observa expectante y crítica.
En poco más de un año, las estaciones estarán operativas y Chile habrá dado un paso decisivo en su integración a la era satelital. Pero las preguntas sobre quién manda en el espacio digital, cómo se protegen los derechos ciudadanos y qué modelo de desarrollo se persigue, permanecen abiertas.
La historia de Starlink en Chile es, en definitiva, una trama de poder, tecnología y soberanía, donde cada actor juega su rol con intensidad y el público observa, como en un teatro romano, las consecuencias de esta batalla por el futuro de la conectividad nacional.
Fuentes: Diario Financiero (2025-08-27), Subsecretaría de Telecomunicaciones, entrevistas a expertos y actores involucrados.