La Corte Suprema reactiva proceso contra jueza Sabaj: la justicia chilena en el ojo del huracán

En el escenario judicial chileno, la Corte Suprema ha reactivado un proceso que promete sacudir los cimientos del Poder Judicial. El 27 de agosto de 2025, el máximo tribunal decidió retomar el cuaderno de remoción contra la ministra Verónica Sabaj, tras la filtración de chats que evidencian su participación activa en la redacción de recursos legales para causas vinculadas a figuras políticas de alto perfil. Este hecho ha abierto una grieta profunda en la percepción pública sobre la independencia judicial y la posible influencia de actores externos en decisiones que deberían ser imparciales.

Desde el punto de vista político, el caso Sabaj polariza opiniones. Para sectores críticos al gobierno actual, este episodio confirma viejas sospechas de clientelismo judicial y falta de transparencia. “Es una muestra clara de cómo se entrecruzan intereses políticos y judiciales, poniendo en riesgo la confianza ciudadana,” señala un analista independiente. Por otro lado, voces más conservadoras advierten sobre el peligro de judicializar la política y exigen respetar la presunción de inocencia mientras dure el proceso.

En paralelo, el sistema penitenciario nacional enfrenta un desafío que va más allá de la infraestructura. Desde octubre de 2025, el “régimen estricto” aplicado en el penal de Alta Seguridad de Santiago se extenderá a otras regiones, en respuesta a fugas y denuncias de irregularidades internas. La implementación incluye restricciones severas en visitas, control de encomiendas y monitoreo constante, medidas que han generado un debate intenso sobre derechos humanos y eficacia en el control carcelario.

Representantes de organizaciones sociales y derechos humanos advierten que estas medidas podrían agravar la situación de hacinamiento y violencia dentro de las cárceles. “Más control no siempre se traduce en mayor seguridad; necesitamos políticas integrales que aborden las causas estructurales,” argumenta una activista regional. En cambio, autoridades de Gendarmería y el Ministerio de Justicia defienden la estrategia como necesaria para frenar la corrupción y el crimen organizado desde el interior de los penales.

En el plano de la corrupción y la impunidad, la condena a Gabriel Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada en la venta de acciones de Blanco y Negro marca un hito. El Tribunal Oral en lo Penal determinó que Ruiz-Tagle, exministro y exdirector de la concesionaria, operó ilegalmente en 2018, lo que ha sido interpretado como un golpe a la impunidad en los círculos empresariales y políticos. Este caso ha sido seguido con atención por la opinión pública, que demanda mayor transparencia y sanciones ejemplares.

Finalmente, la detención de José Zara, exmilitar condenado por el atentado que asesinó al excomandante en jefe Carlos Prats y su esposa, por un nuevo caso de asesinato, reabre heridas históricas. Su ingreso a prisión preventiva en septiembre de 2025 por el homicidio de Ronni Moffitt, secretaria del excanciller Orlando Letelier, recuerda la persistencia de la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos de la dictadura.

Este conjunto de eventos, aunque distintos en su naturaleza, convergen en un denominador común: la tensión entre la justicia como institución y las fuerzas que la desafían desde dentro y fuera. La reactivación del proceso contra Sabaj, la reforma del régimen penitenciario, las condenas por corrupción y la continuidad de procesos por crímenes de lesa humanidad configuran un panorama donde la justicia chilena se encuentra en un momento de prueba y transformación.

En conclusión, la Corte Suprema ha decidido no dar tregua a la impunidad ni a la falta de transparencia, pero enfrenta críticas por la manera en que se están implementando las medidas de control y sanción. Mientras tanto, la sociedad chilena observa expectante, con una mezcla de esperanza y escepticismo, el desarrollo de estos procesos que definirán, en el mediano plazo, la credibilidad y el alcance del sistema judicial nacional.

Las voces están en el coliseo, y el público debe discernir entre las verdades que se revelan y las consecuencias que estas acciones traerán para la democracia y el Estado de derecho.