Corte Suprema confirma rechazo a inmobiliaria del “edificio fantasma”: un conflicto que desnuda tensiones urbanas y económicas en Estación Central

Un edificio que nunca fue. Así podría resumirse la tragedia de la Inmobiliaria Federico Scotto SpA, cuyo proyecto en Estación Central ha quedado atrapado en una maraña jurídica y administrativa que terminó con un fallo categórico de la Corte Suprema el pasado agosto. El máximo tribunal rechazó el recurso de amparo económico presentado por la empresa, que buscaba validar la modificación del permiso de construcción para un edificio que, en la práctica, nunca obtuvo la recepción final.

El conflicto, que comenzó hace años y se intensificó en 2025, tiene como epicentro un choque entre lo construido y lo autorizado. El permiso original, otorgado en 2015 para un edificio de 42 pisos con 732 departamentos, fue modificado en la realidad a un proyecto de 36 pisos con menos viviendas y una parte hotelera, sin que el municipio aprobara formalmente estos cambios.

Desde la perspectiva del municipio, representado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) y la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la irregularidad del permiso original y la falta de aprobación de las modificaciones impidieron otorgar la recepción final. 'Como municipio hemos actuado conforme a la ley, respetando la normativa urbana, que es lo que corresponde. Nuestro camino, luego de todo lo ocurrido en gestiones anteriores, es hacer las cosas bien y defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas', declararon desde Estación Central.

En cambio, la inmobiliaria argumentó que la ausencia de respuesta a su solicitud de modificación debería haberse interpretado como aprobación tácita, amparándose en la figura del silencio administrativo positivo. 'De no acogerse el presente amparo, mi representada no podrá desarrollar su actividad económica a fin de honrar el compromiso con sus acreedores, lo que supondrá la liquidación o muerte mercantil de la inmobiliaria', alertaron en su recurso.

Este enfrentamiento judicial no es solo un choque de interpretaciones legales, sino un reflejo de tensiones más profundas entre la regulación urbana y las dinámicas económicas inmobiliarias. Mientras el municipio insiste en la necesidad de respetar las normas para garantizar el ordenamiento territorial y proteger a la comunidad, la inmobiliaria denuncia que la rigidez burocrática puede conducir a la paralización de proyectos y a la quiebra de empresas.

La Corte Suprema, en su fallo, ratificó la posición municipal, señalando que no correspondía entender aprobada la modificación por silencio administrativo y que no hubo ilegalidad en el actuar de la Seremi. Este pronunciamiento cierra una disputa que, sin embargo, deja preguntas abiertas sobre la flexibilidad del sistema regulatorio y sus consecuencias para el desarrollo urbano y económico.

Desde una mirada regional, este caso ha generado inquietud en otros municipios y actores del sector inmobiliario, que ven en esta sentencia un precedente relevante para futuros proyectos y permisos. Algunos expertos en urbanismo y derecho administrativo destacan que la situación pone sobre la mesa la necesidad de modernizar y transparentar los procesos para evitar conflictos prolongados que afectan tanto a empresas como a comunidades.

En definitiva, la historia del “edificio fantasma” es un drama contemporáneo donde se enfrentan la ley, la economía y la ciudad. El fallo judicial es claro, pero las consecuencias sociales y económicas siguen resonando: una inmobiliaria al borde de la insolvencia, un municipio que defiende su normativa y vecinos que esperan que las obras cumplan con estándares claros y legales.

Este caso invita a reflexionar sobre cómo Chile enfrenta los desafíos de crecimiento urbano, la certeza jurídica y la sustentabilidad económica, en un escenario donde el equilibrio es frágil y las decisiones pueden marcar el destino de actores diversos.