Kaiser propone un Estado más pequeño y privatizaciones: un choque frontal con Kast y la izquierda

Johannes Kaiser, diputado y candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), ha desatado un intenso debate político y social en Chile con su propuesta de reducir el Estado y privatizar parcialmente empresas estatales, mientras cuestiona la agenda valórica de su principal competidor, José Antonio Kast.

Desde agosto de 2025, Kaiser ha defendido públicamente un plan para eliminar 16 ministerios y despedir a miles de funcionarios públicos, argumentando que el Estado chileno está sobredimensionado y es redundante. Este anuncio ha generado reacciones encontradas en el espectro político y en la ciudadanía, donde se enfrentan visiones sobre el rol del Estado y la justicia social.

El candidato ha sido enfático en criticar a Kast por no incluir en su programa temas como el aborto y el matrimonio igualitario, que él considera fundamentales para abordar la "crisis valórica" del país. Kaiser sostiene que su enfoque es filosófico y pragmático, y no meramente religioso, lo que abre un debate sobre la profundidad y la sinceridad de las propuestas en torno a los valores nacionales.

Desde la derecha tradicional, la propuesta de Kaiser ha sido vista como radical y riesgosa. Un sector de parlamentarios republicanos advierte que la reducción del aparato estatal podría desmantelar servicios públicos esenciales y aumentar la desigualdad. En contraste, sectores liberales y libertarios valoran la audacia de su plan para modernizar y hacer más eficiente el Estado.

En el ámbito económico, Kaiser defiende la privatización parcial de empresas como Codelco, ENAP y TVN, proponiendo un modelo de asociación público-privada con control estatal riguroso. Esta postura ha generado alarma en sindicatos y organizaciones sociales, que temen la pérdida de soberanía y el deterioro de los derechos laborales.

Respecto a la Pensión Garantizada Universal (PGU), Kaiser propone financiarla mediante un fondo soberano alimentado por royalties mineros y recursos provenientes de las privatizaciones. Esta idea ha sido recibida con escepticismo por economistas y expertos en seguridad social, quienes cuestionan la viabilidad y sostenibilidad de esta fórmula.

En materia laboral, el candidato plantea un salario mínimo diferenciado por sector y edad, con el fin de incentivar la contratación juvenil y reducir la informalidad. Esta propuesta, aunque apunta a dinamizar el empleo, genera preocupación sobre la posible precarización del trabajo y la fragmentación del mercado laboral.

En cuanto a la dictadura militar y el plebiscito de 1980, Kaiser mantiene una postura controvertida: reconoce el régimen de Pinochet como una dictadura "a la romana" solo hasta 1980, pero defiende la legitimidad del plebiscito constitucional de ese año, a pesar de la ausencia de registros electorales. Esta posición ha sido duramente criticada por sectores de izquierda y defensores de derechos humanos, que la consideran una negación de la historia y una falta de respeto a las víctimas.

Por último, en temas culturales y ambientales, Kaiser minimiza la inversión estatal en cultura, priorizando la ciencia y educación, y reconoce un cambio en su visión sobre energías renovables, aceptando que son más económicas que los combustibles fósiles.

“Tenemos tres millones de personas en listas de espera. No puedo darme el lujo de gastarme plata que no tengo en la diversión”, afirmó, dejando claro que su enfoque está en la austeridad y la eficiencia.

Este enfrentamiento político pone en escena un choque de paradigmas: un Estado grande y protector versus un Estado reducido y eficiente; una visión tradicional y conservadora frente a una agenda libertaria y disruptiva. La sociedad chilena, en medio de esta disputa, observa con atención y cierta inquietud las consecuencias que estos proyectos podrían tener sobre la cohesión social y el desarrollo económico.

En conclusión, la propuesta de Kaiser no solo desafía a Kast y a la derecha tradicional, sino también a la izquierda y a los sectores sociales que defienden un Estado fuerte como garante de derechos. La discusión está lejos de cerrarse, y su impacto en las próximas elecciones y en el futuro político del país será crucial para definir el rumbo de Chile en la próxima década.