Caso Sartor: La liquidación que fracturó la confianza en la CMF y dividió a los aportantes

El proceso de liquidación de Sartor AGF, iniciado en diciembre de 2024 y que culmina casi un año después, se ha transformado en un escenario de conflicto abierto entre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los aportantes y el liquidador designado.

El 20 de diciembre de 2024, la CMF revocó la autorización de Sartor AGF y ordenó la liquidación de todos sus fondos rescatables, basándose en informes que revelaban pérdidas que en algunos vehículos superaban el 80%. Esta decisión, sin precedentes en el mercado chileno, buscaba proteger a los aportantes ante riesgos financieros y operativos detectados, pero terminó fracturando la confianza en el regulador y generando un coliseo jurídico y social.

La voz de los aportantes: desconfianza y acciones legales

Desde los primeros anuncios, un grupo creciente de aportantes agrupados bajo el estudio BES Abogados, liderado por Vanessa Facuse, ha cuestionado la decisión y el procedimiento de la CMF. “La CMF dictó la liquidación sin transparentar los antecedentes ni permitir la participación de los aportantes, vulnerando derechos constitucionales y el interés patrimonial de los inversionistas”, señala Facuse en su recurso judicial presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Además, denuncian conflictos de interés en el nombramiento del liquidador Ricardo Budinich, quien tuvo vínculos previos con fondos relacionados a Credicorp, principal acreedor y actor clave en la crisis del fondo Sartor Leasing. Los aportantes advierten que esto ha influido en la gestión, acusando falta de defensa frente a embargos y juicios ejecutivos que han comprometido las carteras.

“El liquidador prescindió de servicios de cobranza judicial y prejudicial, dejando las carteras a la deriva y afectando negativamente los flujos de los fondos”, denuncian en una declaración pública. A la vez, critican declaraciones públicas del liquidador que, según ellos, han contribuido a depreciar el valor de los activos.

La CMF responde: legalidad y mandato firme

Por su parte, la CMF ha defendido la legalidad y transparencia de su actuar. “La resolución que ordenó la liquidación contiene un análisis detallado de las motivaciones y se enmarca en la normativa vigente, con el interés de proteger a los aportantes como eje central”, señaló el regulador al rechazar los recursos de reposición presentados por los aportantes.

La entidad también destaca que el liquidador designado cuenta con un plazo de hasta tres años, prorrogables, para maximizar el valor de los activos y gestionar la liquidación de manera ordenada. Sin embargo, reconoce la reserva sobre la información que puede divulgarse por ley, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia.

La gestión de los fondos inmobiliarios: un respiro en medio de la tormenta

En paralelo, algunos fondos inmobiliarios bajo administración de Sartor AGF han logrado sortear el escenario adverso mediante la elección de nuevas administradoras. En marzo de 2025, los aportantes de tres vehículos inmobiliarios aprobaron la sustitución de Sartor AGF por WEG Capital, una firma ligada a ejecutivos con experiencia en el sector.

Este movimiento busca asegurar la continuidad de los fondos y evitar cierres anticipados, en contraste con la liquidación decretada para los fondos rescatables. No obstante, los estados financieros provisionales reflejan pérdidas de hasta un 87% en algunos fondos, lo que evidencia la magnitud del deterioro.

Consecuencias y aprendizajes: ¿qué queda tras el caso Sartor?

Este caso exhibe una compleja disonancia entre regulador, liquidador y aportantes, que se ha traducido en múltiples litigios, desconfianza y una crisis de gobernanza en la administración de fondos alternativos.

Entre las verdades que emergen, destaca que la CMF actuó dentro del marco legal para proteger a los inversionistas, pero el manejo del proceso y la comunicación con los aportantes dejaron mucho que desear, generando un vacío de confianza difícil de reparar.

Asimismo, la intervención de actores con intereses cruzados y la falta de mecanismos claros para la participación de los aportantes en decisiones críticas evidencian vacíos regulatorios y de supervisión.

Finalmente, la experiencia Sartor pone en evidencia la necesidad de fortalecer la transparencia, la fiscalización y los canales de diálogo en la industria de fondos, para evitar que la protección de los intereses legítimos de los inversionistas se vea socavada por procesos opacos y decisiones abruptas.

El coliseo ha dejado heridas visibles y lecciones profundas para el mercado chileno, que deberá aprender a conjugar rigor regulatorio con participación y confianza para evitar tragedias similares en el futuro.

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Fuentes consultadas: La Tercera, Diario Financiero, comunicados de la CMF, declaraciones de aportantes y análisis jurídicos de BES Abogados.