Punta Peuco: Crónica del Ocaso de un Símbolo y la Herida Abierta de la Transición Chilena

Punta Peuco: Crónica del Ocaso de un Símbolo y la Herida Abierta de la Transición Chilena
2025-07-10

- La decisión de transformar Punta Peuco en una cárcel común cierra un capítulo simbólico, pero reabre el debate sobre la igualdad ante la ley para los condenados por crímenes de lesa humanidad.

- El fin del penal especial se convierte en un eje de la contienda presidencial, exponiendo las visiones contrapuestas sobre memoria, justicia y el legado de la dictadura que persisten en la sociedad chilena.

- Más allá de un recinto penitenciario, la controversia refleja la tensión no resuelta entre las demandas de reparación de las víctimas y los pactos de la transición a la democracia.

Inicio Contextualizado: El fin de una era

A más de tres décadas del retorno a la democracia, el anuncio del Presidente Gabriel Boric durante su cuenta pública de junio de transformar el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Punta Peuco en una cárcel común, no fue solo una medida administrativa. Fue la culminación de una promesa histórica para las agrupaciones de víctimas de la dictadura y un punto de inflexión que reavivó con fuerza un debate que Chile nunca ha cerrado del todo: el de la justicia, la memoria y la impunidad.

Construido en 1995 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Punta Peuco nació como una concesión para calmar las tensiones con un poder militar aún influyente, albergando exclusivamente a exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. Durante años, su existencia fue denunciada como un símbolo de privilegio y desigualdad ante la ley. La decisión de ponerle fin, lejos de zanjar la discusión, la ha proyectado hacia el futuro, convirtiéndola en un campo de batalla central de la actual carrera presidencial y en un espejo de las fracturas que aún atraviesan al país.

Desarrollo Analítico: La tormenta que precedió al anuncio

El cierre de Punta Peuco no ocurrió en el vacío. Fue precedido por meses de una creciente tensión política en torno a la memoria histórica. En abril, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, encendió la pradera al declarar que el golpe de Estado de 1973 fue “necesario” y que las muertes en sus primeros años eran “bien inevitables”. Las reacciones fueron inmediatas. Desde el oficialismo, las candidatas Jeannette Jara (PC) y Carolina Tohá (PPD), esta última hija de un ministro de Allende asesinado en dictadura, calificaron los dichos como una “ofensa a la memoria democrática” y un retroceso a posturas negacionistas. Una encuesta posterior, publicada a fines de abril, pareció darles la razón: cerca de un 65% de la ciudadanía rechazó las afirmaciones de Matthei.

El ambiente se crispó aún más en mayo, durante la celebración del Día de los Patrimonios, cuando en la propia Escuela Militar se pusieron a la venta artículos con la imagen de Augusto Pinochet. El Ejército se desmarcó rápidamente, atribuyendo la venta a una empresa externa sin autorización, pero el incidente fue percibido por muchos como un síntoma de la persistencia de una cultura que reivindica la dictadura dentro de ciertos círculos. Es en este caldeado escenario que el Presidente Boric realiza su anuncio, un gesto que fue leído tanto como un acto de convicción programática como una respuesta política a la coyuntura.

Perspectivas Contrastadas: Justicia, Humanidad y Estrategia Electoral

La medida ha puesto en evidencia las profundas divergencias que coexisten en el espectro político y social chileno:

  • La visión de la Justicia y Reparación: Para el gobierno, las agrupaciones de derechos humanos y gran parte de la centro-izquierda, el fin del estatus especial de Punta Peuco es un acto de justicia elemental. Representa el fin de un privilegio inaceptable y un paso necesario para afirmar que no existen ciudadanos de primera y segunda categoría frente a crímenes de lesa humanidad. Carolina Tohá lo enmarcó en la lucha contra un “piñerismo que se va más a la derecha, que retrocede en democracia y DDHH”.
  • La defensa del Estatus Quo y el argumento Humanitario: Desde la vereda opuesta, la medida fue criticada como un acto “meramente político-ideológico”. En una carta al director, la abogada Carla Fernández Montero argumentó que la decisión ignora el perfil de los internos: personas de edad avanzada, con enfermedades crónicas y que no representan un peligro para la sociedad. Esta línea argumental fue reforzada por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien en julio abrió la puerta a indultar a reos de Punta Peuco por razones de edad o salud si llega a la presidencia, apelando a una discusión “humanitaria” y citando la enmienda que su sector impulsó en el fallido proceso constitucional para otorgar reclusión domiciliaria a mayores de 75 años.
  • La mirada ciudadana: Si bien la encuesta de abril mostró un amplio rechazo a la justificación de la violencia dictatorial, la ciudadanía permanece dividida. Para un sector, el cierre de Punta Peuco es un imperativo moral. Para otro, especialmente aquel que prioriza las urgencias de seguridad y economía, el tema es visto como una distracción o una disputa ideológica del pasado, una percepción que Kast intentó capitalizar al afirmar que este “no es el tema que hoy preocupe a la ciudadanía”.

Contexto Histórico: El Símbolo de una Transición Pactada

Para comprender la carga simbólica de Punta Peuco es crucial recordar su origen. Su creación fue una de las tantas “medidas de lo posible” de una transición a la democracia tutelada por las Fuerzas Armadas. Fue una solución pragmática para evitar un enfrentamiento directo con el Ejército, que se resistía a que sus hombres cumplieran condena en cárceles comunes junto a presos por delitos ordinarios. Por ello, más que un penal, Punta Peuco ha funcionado como un monumento a los límites y compromisos de esa época, una herida abierta que recuerda que la justicia plena fue, por mucho tiempo, una aspiración postergada en nombre de la gobernabilidad.

Estado Actual: Un Debate Lejos de Concluir

El anuncio del Presidente Boric no es un punto final, sino el comienzo de una nueva etapa. La implementación de la medida enfrentará probablemente desafíos logísticos y judiciales, como anticipan los abogados defensores de los internos. Pero, sobre todo, la controversia ha quedado instalada como un tema definitorio de la elección presidencial. La discusión ya no es solo sobre el destino de un centenar de reos, sino sobre qué relato de país se busca construir: uno que se ancla en el “Nunca Más” como pilar fundamental de la convivencia, u otro que propone matizar el pasado en nombre de la reconciliación o de nuevas prioridades. El ocaso de Punta Peuco como símbolo de excepción ha dejado al descubierto que la batalla por la memoria en Chile está más viva que nunca.

La decisión de transformar un centro penitenciario emblemático, reservado para violadores de derechos humanos, en una cárcel común, marca un punto de inflexión en el debate sobre justicia, memoria e igualdad ante la ley. Este evento, ocurrido décadas después de un período autoritario, permite un análisis profundo sobre las tensiones no resueltas de la transición, la evolución de la percepción pública sobre el pasado y el peso simbólico de las instituciones en la construcción de una narrativa nacional. La historia ha madurado lo suficiente para examinar sus antecedentes, el acto mismo y las consecuencias políticas y sociales que continúan desarrollándose, ofreciendo una narrativa completa sobre un capítulo crucial de la historia reciente del país.