La reforma previsional en Chile: un debate que sigue dividiendo más allá de las promesas electorales

Un pulso político que no se apaga

Desde agosto de 2025, la reforma previsional chilena ha sido epicentro de un debate intenso y polarizado. La controversia comenzó cuando la candidata oficialista Jeannette Jara advirtió que la eliminación del mecanismo de "préstamo" al Estado, incluido en la reforma, podría poner en riesgo el aumento de pensiones para 1.400.000 personas a partir de enero de 2026. En respuesta, el candidato republicano José Antonio Kast calificó estas afirmaciones como "mentiras" y defendió su propuesta de sustituir dicho préstamo por inversiones en instrumentos financieros estatales.

"La última mentira en la semana es que los fondos previsionales, la previsión de las personas, va a bajar de acuerdo a lo que nosotros planteamos, esa es la mentira de la semana", afirmó Kast en el XXVII Congreso de Organización y Personas organizado por Icare.

El corazón de la disputa: el financiamiento del aumento de pensiones

La reforma establece que del 7% de cotización extra aportado por los empleadores, un 1,5% se destinará a un "Aporte con Rentabilidad Protegida" (ARP) que funcionaría como un préstamo transitorio al Estado, para luego ser devuelto con reajustes e intereses al momento de la jubilación. Este mecanismo busca financiar una garantía mínima de 0,1 UF por año cotizado, beneficiando a actuales y futuros pensionados.

Kast propone eliminar este préstamo forzoso y en su lugar financiar el aumento mediante bonos estatales, con la intención de transparentar la deuda pública y evitar lo que considera un "engaño" a los afiliados. El economista Bernardo Fontaine, cercano a Kast, ha respaldado esta fórmula, argumentando que no se alteran los montos de aumento, sino la forma de financiamiento.

Por su parte, Jara y sectores oficialistas sostienen que esta medida podría generar incertidumbre sobre la sostenibilidad y el flujo de recursos futuros, afectando directamente a quienes esperan mejoras concretas en sus pensiones.

Perspectivas encontradas que reflejan una sociedad fragmentada

Desde la mirada política, el debate no solo enfrenta a oficialismo y oposición, sino que también revela tensiones internas dentro de cada sector. Mientras algunos economistas liberales apoyan la propuesta de Kast por su transparencia fiscal, expertos en seguridad social advierten sobre riesgos de desfinanciamiento y pérdida de derechos adquiridos.

Regionalmente, las voces de pensionados y trabajadores jóvenes son disímiles. En zonas rurales, donde la informalidad laboral es alta, la preocupación gira en torno a la efectividad real de los mecanismos para garantizar pensiones dignas. En contraste, sectores urbanos más acomodados debaten sobre la eficiencia del sistema y la responsabilidad fiscal del Estado.

Una dirigente sindical del sur señaló: "No podemos permitir que los discursos políticos nos confundan. Lo que importa es que las personas reciban pensiones justas y seguras, no jugar con términos técnicos que solo benefician a unos pocos".

Verdades y consecuencias claras tras meses de discusión

Tras el análisis riguroso y la verificación de datos, queda claro que:

- El aumento de pensiones previsto en la reforma se mantiene, pero su financiamiento es el punto nodal de la disputa.

- La propuesta de Kast introduce una fórmula distinta, que transparenta la deuda estatal, pero implica riesgos presupuestarios que el gobierno deberá gestionar.

- La narrativa de "mentiras" y "engaños" entre los protagonistas refleja una polarización que dificulta el diálogo constructivo.

En definitiva, la reforma previsional chilena es más que un ajuste técnico: es un espejo de las tensiones sociales y políticas que atraviesan al país. La discusión no termina con la aprobación o rechazo de medidas, sino que exige un debate profundo sobre la justicia social, la responsabilidad fiscal y el rol del Estado en la protección de sus ciudadanos.

Esta historia, lejos de cerrarse, invita a la reflexión crítica sobre cómo construir un sistema previsional que sea sostenible, justo y comprendido por todos, más allá de los discursos electorales y la retórica política.

Fuentes: La Tercera, Icare, declaraciones públicas de José Antonio Kast y Jeannette Jara, análisis económicos de Bernardo Fontaine, testimonios sindicales regionales.