El fin de Punta Peuco: El cierre de un capítulo y el inicio de un debate nacional

En un giro que llevaba años gestándose en el debate público chileno, el gobierno de Gabriel Boric aceleró en octubre de 2025 las obras para transformar Punta Peuco en un penal común. Este recinto, ubicado en Tiltil, había sido durante décadas un símbolo de la excepcionalidad para los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La decisión, anunciada en la última Cuenta Pública del presidente Boric, busca poner fin a un privilegio que, según sus palabras, "no tiene justificación".

Este cambio no solo implica una modificación en la infraestructura penitenciaria, sino un replanteamiento profundo sobre cómo Chile enfrenta su pasado y administra la justicia para quienes perpetraron violaciones a los derechos humanos.

### Un legado de privilegios y cuestionamientos

Hasta agosto de 2025, Punta Peuco alojaba a 138 reclusos, todos hombres mayores de 60 años, muchos con condenas acumuladas que superan los mil años. Figuras como Miguel Krassnoff Martchenko y Álvaro Corbalán Castilla representan la concentración de condenados por crímenes de lesa humanidad en este recinto. La sobrepoblación, con un 123,2% de su capacidad, y las condiciones de detención habían sido objeto de reclamos tanto de internos como de organismos de derechos humanos.

Sin embargo, la percepción social y política de Punta Peuco era ambivalente. Para algunos sectores, el penal simbolizaba un privilegio injustificado, un espacio que perpetuaba una impunidad de facto. Para otros, era un lugar donde se garantizaban condiciones mínimas de dignidad para personas que, a pesar de sus crímenes, merecían un trato conforme a estándares internacionales.

### Voces que chocan en el debate público

“No existe justificación para ese privilegio”, declaró Boric, marcando la línea política del ejecutivo. El Ministerio de Justicia, a través de Jaime Gajardo, explicó que la transformación debía pasar por un decreto supremo y la toma de razón de la Contraloría, proceso que se aceleró para concretar el cambio antes del término del gobierno.

Desde la derecha política y algunos sectores militares retirados, la medida fue recibida con rechazo. Argumentan que la transformación de Punta Peuco en penal común puede vulnerar derechos de los condenados y ser una medida de carácter simbólico que no contribuye a la justicia restaurativa.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas celebran la medida como un avance necesario para terminar con la excepcionalidad y avanzar hacia una justicia más igualitaria y transparente. Sin embargo, advierten que la transformación material del penal debe ir acompañada de políticas integrales de memoria y reparación.

### Consecuencias visibles y desafíos futuros

La liberación en agosto de 2025 del exbrigadier José Octavio Zara Holger, tras cumplir su condena, marcó un antes y un después en la dinámica del penal y la opinión pública. Su salida puso en evidencia la necesidad de revisar la función y el sentido de Punta Peuco.

En términos prácticos, la reconversión del penal implica la adecuación de sus instalaciones para albergar a una población penitenciaria común, lo que conlleva desafíos en gestión, seguridad y derechos humanos. Además, abre la puerta a una discusión más amplia sobre la política penitenciaria en Chile y la manera en que el Estado se relaciona con su pasado dictatorial.

### Constataciones finales

La transformación de Punta Peuco es más que un cambio físico: es un reflejo de las tensiones no resueltas que Chile enfrenta en torno a la memoria, la justicia y la reconciliación. Las distintas perspectivas políticas y sociales evidencian que no hay consenso sobre cómo abordar estos temas, pero sí una voluntad creciente de terminar con privilegios excepcionales.

Este proceso marca un hito en la historia del país, que deberá ahora equilibrar el respeto a los derechos humanos con la exigencia de justicia y reparación para las víctimas. El cierre de Punta Peuco como penal especial no es el fin del debate, sino el inicio de una nueva etapa en la relación de Chile con su pasado.