Prisión preventiva en femicidios: la justicia bajo la lupa tras dos casos emblemáticos en Cartagena y Arauco

La sombra del femicidio vuelve a proyectarse con fuerza en la región de Valparaíso y el Biobío, tras dos casos que, más allá de la tragedia individual, exponen las complejidades y contradicciones del sistema judicial chileno frente a la violencia de género.El 9 de octubre de 2025, en Cartagena, un hombre fue formalizado y dejado en prisión preventiva por el femicidio de su cónyuge, tras intentar disfrazar el crimen como un suicidio. La fiscalía detalló que el imputado dejó una supuesta carta suicida, pero la evidencia pericial contradijo esta versión: la víctima presentaba claras señales de estrangulamiento y el montaje era evidentemente falaz.

En contraste, meses antes, en agosto, un hombre acusado de femicidio frustrado en Punta Lavapié, comuna de Arauco, enfrentó un proceso judicial que reveló tensiones internas. Inicialmente, el Juez de Garantía rechazó la prisión preventiva, optando por arresto domiciliario total, decisión que fue revertida por la Corte de Apelaciones de Concepción, que finalmente ordenó la prisión preventiva.El acusado había atacado a su esposa con un cuchillo, causándole una herida grave en el cuello.

Estas decisiones judiciales ponen en evidencia un debate no resuelto: ¿cómo equilibrar la presunción de inocencia con la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar la seguridad pública? Desde la fiscalía, la postura es clara y exigente: la gravedad de estos delitos amerita medidas cautelares estrictas, como la prisión preventiva, para evitar la impunidad y nuevos daños.El fiscal Ricardo Méndez apuntó que "la simulación de un suicidio no solo agrava el delito, sino que demuestra la peligrosidad del imputado". Por su parte, la defensa y algunos sectores judiciales subrayan la importancia de respetar garantías procesales, evitando que la prisión preventiva se convierta en una regla automática.

En el ámbito social, estas causas han reactivado el debate sobre la efectividad de las políticas públicas en materia de prevención de violencia de género y protección a las mujeres. Organizaciones feministas y de derechos humanos han señalado que, si bien la justicia debe ser firme, también es urgente fortalecer redes de apoyo y mecanismos preventivos para evitar que estas tragedias se repitan.Una vocera de la Coordinadora Feminista Regional declaró: "La prisión preventiva es necesaria, pero no suficiente. Sin un enfoque integral que incluya educación, salud y acceso a la justicia, seguiremos viendo más víctimas".

Desde la perspectiva regional, la diferencia entre Valparaíso y Biobío también refleja disparidades en recursos y capacidades institucionales para enfrentar estos delitos. Mientras en Cartagena la investigación fue rápida y con fuerte respaldo público, en Arauco el proceso judicial evidenció demoras y disputas internas.

En conclusión, estos dos casos emblemáticos no solo revelan la crudeza de la violencia de género en Chile, sino que también exponen las tensiones y desafíos del sistema judicial para responder con eficacia y justicia. La prisión preventiva emerge como una herramienta clave, pero su aplicación debe estar acompañada de políticas integrales y un compromiso real de todas las instituciones involucradas.

Solo así podrá Chile avanzar hacia una sociedad donde la tragedia de estos femicidios no sea la norma, sino la excepción que moviliza cambios profundos y sostenidos.