Restricciones en Fondas de Biobío: Seguridad y Control en un Estado de Excepción Prolongado
En septiembre de 2025, las tradicionales celebraciones de Fiestas Patrias en las provincias de Biobío y Arauco se vieron marcadas por una inédita medida de control: el Jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante Arturo Oxley, decretó restricciones horarias para fondas, ramadas y espectáculos públicos entre las 0:00 y las 8:00 horas, durante los días 17 al 21 de septiembre. Esta decisión, inscrita en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia vigente desde mayo de 2022 y prorrogado en múltiples ocasiones, buscó garantizar la seguridad en una zona que lleva años conviviendo con episodios de violencia y conflicto social.
El decreto militar, que se ampara en la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción, otorga facultades extraordinarias para controlar reuniones masivas y mantener el orden interno. Sin embargo, esta intervención ha generado un choque de perspectivas que no puede soslayarse.
Desde el Gobierno, se argumentó que estas medidas fueron necesarias para proteger a la población y evitar incidentes graves en espacios públicos altamente concurridos durante las fiestas. La autoridad militar enfatizó que la prioridad era el resguardo de la seguridad ciudadana en un contexto donde la amenaza de violencia armada sigue latente.
Por otro lado, las organizaciones sociales y parte de la ciudadanía local expresaron su descontento y sensación de restricción a tradiciones culturales profundamente arraigadas. “Las fondas y ramadas son el corazón de nuestras Fiestas Patrias, y reducir sus horarios afecta la identidad y el tejido social de nuestras comunidades”, señaló un dirigente vecinal de Concepción.
Este enfrentamiento entre seguridad y cultura revela una tensión estructural en la Macrozona Sur, donde la prolongación del Estado de Excepción ha normalizado la presencia militar en la vida cotidiana, mientras que las demandas sociales por reconocimiento, autonomía y justicia territorial permanecen sin resolución definitiva.
Además, expertos en derechos humanos advierten sobre los riesgos de una militarización extendida que podría erosionar garantías fundamentales y profundizar la desconfianza entre la población y las instituciones.
En términos económicos, el sector de eventos y el comercio local reportaron pérdidas significativas, producto de la reducción de horarios y la menor afluencia de público, lo que añade una capa más a la compleja ecuación de costos y beneficios de la medida.
Tras esta experiencia, las conclusiones no son simples. El Estado de Excepción continúa siendo una herramienta controversial que, si bien busca proteger, también puede limitar derechos y afectar tradiciones. La discusión pública debe avanzar hacia un diálogo que integre seguridad, justicia social y respeto cultural, sin sacrificar uno en favor del otro.
Las Fiestas Patrias de 2025 en Biobío y Arauco dejan en evidencia que la violencia y el conflicto prolongados requieren soluciones integrales y no solo medidas de control temporal. El desafío para Chile es encontrar un equilibrio que permita convivir en paz, con seguridad y respeto a la diversidad cultural, en una región que ha sufrido décadas de heridas abiertas.