Proyectos de inversión en Chile: ¿despegue real o espejismo político?

Un coliseo en construcción: Chile enfrenta una encrucijada donde los grandes proyectos de inversión, que prometen reactivar la economía y posicionar al país en la vanguardia energética y minera, chocan con las complejidades políticas, sociales y técnicas que han marcado los últimos años.

Para 2025-2029, la inversión proyectada en energía alcanza US$15.700 millones, con foco en generación fotovoltaica, eólica, almacenamiento e hidrógeno verde, según la Corporación de Bienes de Capital. Pero esta cifra, si bien récord, convive con realidades menos halagüeñas.

En minería, cuatro proyectos emblemáticos -Quebrada Blanca 2, Chuquicamata Subterránea, Inco Los Pelambres y Rajo Inca- sufren sobrecostos de hasta 98% y demoras significativas, según 1st Quartile Mining. La ingeniería inicial insuficiente, la complejidad geotécnica y la presión por plazos optimistas han sido factores decisivos.

El nuevo Congreso chileno, que asumirá en marzo de 2026, recibirá una cartera de proyectos emblemáticos con montos que superan los US$100 mil millones, muchos aún en tramitación ambiental o en espera de aprobación en el Comité de Ministros. Sin embargo, la dinámica parlamentaria y la fragmentación política amenazan la velocidad y certeza en su aprobación.

Voces enfrentadas en el ágora parlamentaria

"Son proyectos estratégicos que Chile necesita para su desarrollo, pero sin una gestión política clara y un compromiso de largo plazo, corren el riesgo de quedar en letra muerta", advierte Claudia Rivas, analista política.

Por otro lado, sectores críticos resaltan la creciente presión social y ambiental. "El 68% de los impactos percibidos por las comunidades en territorios con proyectos son negativos, principalmente por falta de participación temprana y desconexión cultural", señala Paula García de Gestión Social.

En regiones como el sur y el norte, las tensiones ambientales y territoriales han escalado, afectando la viabilidad social de iniciativas mineras, energéticas y urbanas.

La tramitación ambiental, un cuello de botella

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Comité de Ministros enfrentan una acumulación de proyectos con recursos y reclamaciones pendientes. Actualmente, hay 11 proyectos con reclamaciones que suman cerca de US$3.900 millones en espera de resolución.

El retraso en estas instancias, por agendas saturadas y procedimientos lentos, alimenta la incertidumbre inversionista y la crítica política.

El desafío de la ingeniería y la planificación

Claudio Valencia, director ejecutivo de 1st Quartile Mining, enfatiza que "invertir más en ingeniería inicial no es un costo, sino una ventaja estratégica para evitar sobrecostos y retrasos". La madurez técnica y realismo en los cronogramas pueden evitar que los proyectos se conviertan en tragedias financieras y sociales.

El factor político y la campaña electoral

En un año electoral, la proliferación de proyectos populares y reformas legislativas con fines electorales añade ruido al debate. Desde iniciativas para acelerar permisos hasta propuestas para modificar beneficios a expresidentes, el Congreso muestra signos de dispersión y oportunismo.

Constataciones y consecuencias

- La ambición de Chile por consolidarse como un hub energético y minero global está respaldada por cifras históricas de inversión, pero la ejecución enfrenta múltiples frentes adversos.

- La complejidad técnica, los conflictos sociales y la lentitud administrativa configuran un escenario donde la materialización de proyectos emblemáticos no está garantizada.

- La renovación parlamentaria puede ser una oportunidad para destrabar iniciativas, pero también un riesgo por la fragmentación y la politización.

- La participación temprana y efectiva de las comunidades, junto con una ingeniería robusta, son claves para reducir tensiones y evitar sobrecostos.

Chile se encuentra en la arena, donde los gladiadores son proyectos, políticas y comunidades. El público observa expectante, mientras se juega no solo el futuro económico, sino también el pacto social y ambiental que definirá la próxima década.

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Fuentes: Diario Financiero, La Tercera, 1st Quartile Mining, Corporación de Bienes de Capital, consultora Gestión Social, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).