Cámara aprueba multas por no votar en elecciones: un paso que reaviva el debate sobre la participación ciudadana

El 29 de septiembre de 2025, la Cámara de Diputados de Chile aprobó con amplia mayoría un proyecto que establece multas de entre $34.000 y $103.000 pesos para quienes no acudan a votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año. Esta iniciativa, que había sido ratificada previamente por el Senado, fue despachada para su promulgación, marcando un giro en la política electoral nacional.

La medida busca enfrentar la baja histórica en la participación electoral, un fenómeno que ha encendido las alarmas en distintos sectores políticos y sociales. Sin embargo, la sanción no será aplicable a quienes acrediten situaciones excepcionales, tales como enfermedad, estar fuera del país o residir a más de 200 kilómetros del local de votación, además de personas con discapacidad certificada y quienes desempeñen funciones electorales. También queda excluida la población extranjera con derecho a voto, limitando la multa a ciudadanos nacionales y extranjeros nacionalizados.

Desde el oficialismo, la aprobación fue celebrada como un avance necesario para fortalecer la democracia y fomentar el deber cívico. El diputado Luis Cuello (PC), uno de los impulsores, sostuvo que 'es un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes viven en las ciudades puerto y para fortalecer la responsabilidad ciudadana en el país'. Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), promotora inicial del proyecto, destacó que la sanción busca ser un incentivo para la participación activa, no un castigo punitivo.

En contraste, la oposición y algunos parlamentarios independientes manifestaron reservas y críticas. Desde la bancada Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric expresó que 'la multa puede ser contraproducente, generando más rechazo que compromiso, y no aborda las causas profundas de la abstención electoral'. Otros señalaron que la medida podría afectar desproporcionadamente a sectores vulnerables, quienes enfrentan mayores dificultades para acudir a votar.

En el plano social, organizaciones ciudadanas y académicos han planteado un debate más amplio sobre la obligatoriedad del voto y las alternativas para mejorar la participación democrática. El sociólogo Pablo Contreras, especialista en comportamiento electoral, señaló que 'la multa puede ser un parche temporal, pero sin políticas de educación cívica y acceso efectivo, el problema persistirá'.

Además, en paralelo se aprobó una reforma constitucional que endurece los requisitos para que extranjeros puedan votar, elevando de 5 a 10 años el tiempo mínimo de residencia continua y limitando las ausencias al país a menos de 90 días anuales. Esta norma comenzará a regir en 2026 y ha generado debate sobre la inclusión y representación en la ciudadanía política.

En definitiva, la aprobación de las multas por no votar representa un desafío para el sistema político chileno. Por un lado, busca revertir la apatía electoral mediante sanciones concretas; por otro, expone tensiones sobre el equilibrio entre el deber cívico y los derechos individuales, así como la necesidad de abordar las causas estructurales de la desafección política.

La experiencia en otros países con voto obligatorio muestra resultados mixtos, donde la sanción puede aumentar la participación pero no siempre mejora la calidad del compromiso democrático. En Chile, la medida abre un nuevo capítulo que invita a observar con detenimiento sus efectos en las próximas elecciones y a reflexionar sobre el sentido profundo de la participación ciudadana.

La multa comenzará a regir desde las elecciones de noviembre de 2025.

"La sanción no es un castigo, sino un llamado a la responsabilidad democrática", afirmó la ministra vocera Camila Vallejo, mientras que sectores críticos advierten que 'la participación se construye con confianza, no con multas'.

Este debate, más allá de la contingencia inmediata, pone en escena la tensión entre la institucionalización del voto y la calidad de la democracia, un desafío que Chile deberá enfrentar con pluralidad de voces y mirada crítica en los años venideros.