
En pleno 2025, la figura de Donald Trump vuelve a poner en jaque la relación entre poder político y medios de comunicación en Estados Unidos. El 25 de agosto, Trump lanzó una serie de acusaciones contra las cadenas NBC y ABC, calificándolas de “sesgadas y mentirosas” y amenazando con revocar sus licencias de transmisión. Esta ofensiva no solo reavivó viejas tensiones, sino que expuso con claridad las fracturas que atraviesan la democracia estadounidense y su ecosistema informativo.
Desde el inicio de su presidencia, Trump ha mantenido una relación conflictiva con los grandes medios, acusándolos de parcialidad y de actuar como una extensión del Partido Demócrata. En esta ocasión, sus críticas se concentraron en NBC y ABC, a quienes responsabilizó por difundir un 97% de noticias negativas en su contra durante sus primeros ocho meses en el poder.
“La FCC debería revocarles sus licencias porque son una verdadera amenaza para nuestra democracia”, afirmó Trump en su plataforma Truth Social.
Además, sugirió que ambas cadenas deberían pagar sumas millonarias anuales por el uso de las ondas radiales, calificando al periodismo que practican como “corrupto” y merecedor de erradicación.
Desde el ala conservadora, este discurso ha sido recibido como una defensa legítima ante un sesgo mediático que, según sus seguidores, distorsiona la realidad y persigue intereses partidarios. Para ellos, la exigencia de mayor responsabilidad y transparencia en los medios es una demanda justa que busca equilibrar la balanza informativa.
En contraste, voces liberales y expertos en libertad de prensa ven en esta amenaza una peligrosa forma de censura y un intento de controlar y silenciar a la prensa independiente. La Asociación Nacional de Periodistas calificó las declaraciones como “un ataque sin precedentes a la libertad de expresión y a la función fiscalizadora de los medios”.
Desde un enfoque más amplio, académicos y analistas políticos advierten que esta confrontación es síntoma de una crisis mayor: la polarización extrema que erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la fragmentación social.
Aunque el conflicto se centra en Estados Unidos, su reverberación alcanza a países como Chile, donde la influencia de los medios estadounidenses y las redes sociales moldean percepciones políticas y sociales. El debate sobre la regulación de contenidos, la responsabilidad de las plataformas y el rol del Estado en la comunicación pública se ha intensificado a raíz de este episodio.
Tras meses de análisis y seguimiento, se puede concluir que:
- La amenaza de Trump no se ha materializado en revocaciones formales, pero ha tensado aún más la relación entre el poder y la prensa.
- La disputa ha puesto en evidencia la fragilidad de los mecanismos regulatorios frente a discursos populistas y autoritarios.
- La polarización mediática sigue siendo un factor clave en la crisis democrática estadounidense, con efectos que trascienden fronteras.
Este episodio invita a reflexionar sobre los límites entre la crítica legítima a los medios y los intentos de coartar la libertad de prensa, un equilibrio fundamental para la salud de cualquier democracia. Mientras tanto, los ciudadanos quedan como espectadores de un duelo donde se juega no solo la narrativa política, sino también el futuro del derecho a la información veraz y plural.