
Puerto Montt, una ciudad acostumbrada a la tranquilidad relativa de la Región de Los Lagos, vivió en octubre de 2025 uno de sus episodios más violentos en años. El 18 de octubre, dos sujetos irrumpieron en un domicilio del sector Piedra Azul, donde golpearon y balearon a la víctima, causándole la muerte. Este crimen no solo estremeció a la comunidad local, sino que también puso en evidencia problemáticas más amplias sobre la violencia interregional y la respuesta del sistema judicial chileno.
Los detenidos, un hombre de 33 años y un joven de 18, llegaron desde Valdivia con la intención de cometer delitos en Puerto Montt, según confirmó la Policía de Investigaciones (PDI). En el operativo de captura se incautaron armas de fuego, municiones, drogas y dinero en efectivo. La planificación y la violencia del asalto evidencian un modus operandi organizado que trasciende el simple robo, generando alarma en la ciudadanía.
Pero este hecho no fue aislado. En agosto del mismo año, otro grupo de delincuentes, esta vez provenientes de Santiago, protagonizó un violento asalto en un local de juegos de azar en Puerto Montt. La Fiscalía solicitó penas de al menos 15 años para estos cuatro extranjeros que, con armas en mano, sometieron a los presentes y buscaron llevarse millones en efectivo y tecnología.
Desde el ámbito judicial, el juez Francisco del Campo, del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, ha sido enfático en la culpabilidad de los acusados, afirmando que 'no hay dudas en la decisión tomada'. Esta postura ha sido respaldada por la Fiscalía, que busca aplicar penas ejemplares para frenar la escalada de violencia.
Sin embargo, la defensa, representada por la abogada Jeannette Cofré, sostiene que sus representados reconocieron su participación y espera que este hecho sea considerado para una condena más atenuada. Este choque entre la severidad del sistema punitivo y la búsqueda de justicia equitativa pone en tensión la percepción pública sobre la eficacia y humanidad del proceso judicial.
En la comunidad, las reacciones son diversas. Por un lado, existe un sentimiento de inseguridad creciente y demanda de mano dura. Por otro, voces críticas advierten que la criminalización sin abordar las causas estructurales —como la pobreza, la migración interna y la falta de oportunidades— solo perpetúa un ciclo de violencia.
Estos hechos violentos ocurren en un contexto regional complejo, donde la expansión urbana, la migración y la desigualdad social convergen. La llegada de delincuentes desde otras regiones refleja una movilidad delictiva que desafía a las policías y autoridades locales.
La respuesta de Carabineros y la PDI ha sido rápida y contundente, logrando detenciones y decomisos importantes. Sin embargo, la prevención y la reinserción social siguen siendo asignaturas pendientes.
Este episodio en Puerto Montt desnuda varias verdades incómodas: la violencia interregional no es un fenómeno aislado ni espontáneo, sino el resultado de dinámicas sociales y económicas complejas; la justicia enfrenta el reto de equilibrar rigor y derechos en un escenario de alta conflictividad; y la sociedad chilena, especialmente en regiones menos metropolitanas, requiere de políticas integrales que vayan más allá de la represión para garantizar seguridad y cohesión.
En definitiva, Puerto Montt se encuentra en la encrucijada de construir un modelo de convivencia que reconozca sus vulnerabilidades y potencie sus fortalezas, evitando que la tragedia de unos pocos se convierta en la tragedia de todos.