Detenciones y ataques en la frontera colombo-venezolana: un conflicto sin fin ni certezas claras
Un escenario de sombras y acusaciones se ha instalado en la frontera entre Colombia y Venezuela desde mediados de 2024, donde decenas de colombianos han sido detenidos bajo cargos que oscilan entre el mercenarismo y la alteración del orden público, mientras Estados Unidos y Venezuela mantienen una escalada de operaciones militares y ataques selectivos en la región.
Desde el 28 de julio de 2024, la cancillería colombiana ha contabilizado al menos 37 colombianos detenidos en Venezuela en circunstancias que las familias y organizaciones de derechos humanos califican como arbitrarias y sin debido proceso. Familias como la de Manuel Tique, un ingeniero industrial detenido tras cruzar la frontera para una capacitación, han vivido la incertidumbre prolongada, sin acceso a información clara ni a asistencia consular. "Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario", relata Diana Tique, su hermana, reflejando la angustia de muchos.
Por su parte, el gobierno venezolano, representado por el ministro Diosdado Cabello y el fiscal general Tarek William Saab, sostiene que estas detenciones están justificadas por actividades delictivas, incluyendo vínculos con grupos paramilitares y mercenarios. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y el Consejo Danés para Refugiados denuncian violaciones a los derechos humanos y ausencia de garantías procesales.
En paralelo, Venezuela ha anunciado la destrucción de más de diez campamentos de grupos armados colombianos, denominados "TANCOL", en su frontera, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2025. Esta acción se enmarca en un discurso oficial que rechaza la presencia de bases militares extranjeras y reafirma la soberanía nacional, mientras el ministro de Defensa Vladimir Padrino niega la existencia de campamentos terroristas, contradiciendo acusaciones de la DEA sobre supuesta colaboración del régimen venezolano con guerrillas colombianas para el narcotráfico.
Estados Unidos, por su parte, ha intensificado su campaña antidrogas en la región, realizando ataques letales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico cerca de las costas venezolanas, incluyendo un incidente en octubre de 2025 que dejó cuatro muertos. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, justificó estos ataques bajo órdenes presidenciales para combatir a "narcoterroristas" y proteger a la población estadounidense, mientras Caracas denuncia una escalada militar y violaciones a su soberanía.
Desde la región, voces ciudadanas y familiares de los detenidos expresan una mezcla de temor, desconfianza y desesperanza. Viky Latorre, vocera de varias familias de colombianos detenidos, denuncia la falta de transparencia y el aislamiento de los presos, quienes enfrentan condiciones carcelarias duras en centros como la prisión Rodeo I, denunciada internacionalmente por tratos crueles e inhumanos.
En el plano diplomático, la relación entre Colombia y Venezuela transita por un terreno delicado. Aunque el gobierno de Gustavo Petro mantiene relaciones diplomáticas con Caracas, no reconoce plenamente la legitimidad de la administración Maduro, lo que complica la gestión consular y la defensa de los derechos de los detenidos. El viceministro colombiano Mauricio Jaramillo reconoce la dificultad para intervenir en asuntos que Venezuela califica como de soberanía nacional, mientras busca acompañar a las familias en lo posible.
Estas tensiones reflejan una historia de convivencia marcada por la desconfianza y los intereses contrapuestos, donde la frontera se convierte en un espacio de conflicto armado, narcotráfico y disputas políticas que afectan directamente a civiles atrapados en el fuego cruzado.
Verdades y consecuencias
Es innegable que la frontera colombo-venezolana es un foco de violencia y presencia de grupos armados irregulares, con impactos humanitarios graves, incluyendo desplazamientos y violaciones sistemáticas de derechos. Sin embargo, la criminalización masiva y la falta de procesos judiciales claros generan un clima de arbitrariedad y desamparo para cientos de personas.
La intervención militar estadounidense en la región, bajo la bandera de la lucha antidrogas, añade una capa más de complejidad y riesgo de escalada, tensionando aún más las relaciones regionales. La narrativa oficial venezolana de defensa soberana se enfrenta a denuncias internacionales sobre complicidad con el narcotráfico, un señalamiento que no ha sido probado con transparencia.
Finalmente, la incertidumbre y el sufrimiento de las familias de los detenidos, junto con la precariedad de la situación en las cárceles venezolanas, plantean desafíos humanitarios urgentes que requieren mayor atención y diálogo multilateral para evitar que este conflicto se profundice y se prolongue sin solución.
Este episodio ilustra cómo las fronteras latinoamericanas se convierten en escenarios donde convergen intereses geopolíticos, narcotráfico, y derechos humanos, en un ciclo que parece repetirse sin que se vislumbre un desenlace claro o justo para los más vulnerables.
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Fuentes consultadas: La Tercera, BBC News Mundo, El País América, informes de Amnistía Internacional, declaraciones oficiales de Estados Unidos y Venezuela, y reportes de organizaciones humanitarias internacionales.