Dos meses después de que la lancha artesanal "Bruma" y sus siete tripulantes desaparecieran en las aguas de Coronel, el oleaje mediático inmediato ha dado paso a una marea de fondo, más lenta pero profunda. La búsqueda activa en el mar terminó con una ceremonia simbólica de despedida, pero en los tribunarahamales y en el debate público, la tormenta recién comienza. Lo que inició la madrugada del 30 de marzo de 2025 como un presunto accidente, es hoy un caso que encapsula las tensiones entre la pesca artesanal y la industrial, la responsabilidad corporativa y la intrincada búsqueda de justicia cuando las pruebas se hunden con los restos del naufragio.
La cronología de los hechos revela una narrativa en constante evolución. Inicialmente, la hipótesis de una colisión con el buque industrial "Cobra", propiedad de la pesquera Blumar, se enfrentó a la postura de la compañía, cuyo gerente, Gerardo Balbontín, afirmó que la tripulación solo escuchó un "ruido interno" y no tenía "certeza sobre su eventual participación". Mientras Blumar ofrecía tecnología de punta para la búsqueda, la Fiscalía del Biobío ya había puesto al capitán y al piloto del "Cobra" en calidad de imputados.
El caso dio un giro dramático y sombrío con la desaparición de Juan Sanhueza, vigía del "Cobra" y testigo fundamental que se encontraba de turno la noche del incidente. Días después, el 10 de abril, su cuerpo fue hallado. Aunque los peritajes iniciales descartaron la intervención de terceros en su muerte, su ausencia silenció una voz que pudo haber sido decisiva para esclarecer los hechos, dejando un vacío que fue rápidamente ocupado por la especulación y la desconfianza.
El silencio de la tripulación del "Cobra" se rompió el 16 de abril con una carta pública. En ella, los 17 marinos expresaron su angustia y dolor, denunciando ser "señalados con el dedo" y estigmatizados. "Para nosotros, la vida es lo más valioso", afirmaban, en un intento por humanizar su posición frente a una opinión pública que ya los juzgaba. Sin embargo, fue el abogado de la tripulación quien, el 22 de abril, marcó el cambio de estrategia más significativo, al admitir por primera vez que una colisión pudo haber ocurrido y que, de comprobarse, "se asumirá la responsabilidad". La negación inicial se había transformado en una defensa legal condicionada.
El naufragio del "Bruma" ha puesto en colisión no solo a dos embarcaciones, sino a mundos con lógicas y poderes dispares.
El caso "Bruma" vs. "Cobra" no puede entenderse sin el telón de fondo de la Ley de Pesca y el histórico conflicto que esta regula. En las costas de Coronel y todo el Biobío, la convivencia entre flotas industriales y botes artesanales es una fuente constante de tensión por el acceso a los recursos marinos. La acusación de que la tragedia fue instrumentalizada políticamente por parte de Blumar, sea una estrategia de defensa o una constatación, revela cuán profundo es este clivaje. El naufragio se convierte así en un catalizador que visibiliza una lucha estructural por el control del mar, donde las regulaciones, el poder económico y la subsistencia de miles de familias están en juego.
La investigación penal sigue su curso. La pregunta ya no es si el "Cobra" impactó al "Bruma" —algo que la defensa ya contempla como una posibilidad—, sino determinar el grado de responsabilidad: ¿fue un error humano (homicidio culposo) o una indiferencia criminal (dolo eventual)? La respuesta que entreguen los tribunales sentará un precedente crucial sobre la responsabilidad corporativa en el mar y la protección de los pescadores más vulnerables.
Mientras tanto, en Coronel, siete familias viven un duelo sin cuerpos que velar, y una comunidad observa cómo su tragedia se ha convertido en una pieza más en el complejo tablero de poder de la industria pesquera chilena. El silencio del "Cobra" se rompió, pero el eco de sus acciones y omisiones aún resuena en la búsqueda de una justicia que, para muchos, parece tan lejana como los hombres que el mar se llevó.