Bolivia cambia de rumbo: un gabinete sin movimientos sociales y el riesgo de una gobernabilidad fracturada

Bolivia vive una transformación política que trasciende la simple renovación de autoridades. El 8 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz asumió la presidencia con un gabinete que marca un quiebre histórico: la exclusión de las organizaciones sociales que durante veinte años fueron pilares del poder político y social. Este movimiento, que algunos califican como un retorno al tecnocratismo y a la influencia empresarial, ha desatado tensiones que ponen en jaque la gobernabilidad del país.

Un gabinete sin rostro social

El nuevo gabinete de Paz, conformado por 15 ministros, privilegia perfiles técnicos, economistas y empresarios vinculados a la agroindustria y la exportación, dejando fuera a los sindicatos mineros, campesinos e indígenas que dominaron la escena política con el Movimiento al Socialismo (MAS). Este cambio ha sido justificado por el mandatario como un giro hacia la "meritocracia" y la eficiencia, en contraste con lo que describe como un modelo agotado y corrupto de gobiernos anteriores.

Desde sectores empresariales, esta renovación es vista como una oportunidad para reactivar la economía y atraer inversiones extranjeras. "Bolivia está a punto de recibir una ingente cantidad de recursos del exterior, y la voluntad de inversión depende de nosotros", afirmó Paz en su discurso inaugural.

La reacción de los movimientos sociales: marginación y resistencia

Sin embargo, la exclusión de organizaciones como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) y las organizaciones indígenas ha generado un profundo malestar. Estos sectores, que históricamente fueron cogobernantes junto al MAS, denuncian un "desconocimiento" y un intento de borrar la memoria colectiva, simbolizado además por la retirada de la bandera wiphala del Palacio de Gobierno.

"Estamos siendo ninguneados y aislados por un gobierno que prioriza a la élite empresarial y no a la mayoría que alimenta al país", denunció Mario Seña, líder campesino. La amenaza de movilizaciones y protestas ha sido una constante desde la conformación del gabinete, con advertencias claras de que la ausencia de interlocución podría derivar en una crisis social.

Entre la esperanza y la fractura

Para analistas políticos, la ruptura con la tradición de integrar a los sectores sociales en el Ejecutivo representa un riesgo significativo. Santiago Espinoza, jefe de redacción del diario Opinif3n, señala que "no se puede gobernar Bolivia sin tener un pie en la calle", advirtiendo que el empoderamiento histórico de los movimientos sociales los convierte en actores imprescindibles para la estabilidad.

Por otro lado, voces como la del exsenador Bernard Gutiérrez destacan el fin de un ciclo de gobiernos que, según él, malgastaron recursos y dejaron al país en crisis, y califican las protestas sociales como intentos de preservar privilegios.

Economía y crisis social: un escenario complejo

La crisis económica que heredó Paz incluye una inflación interanual cercana al 19%, escasez de combustibles y falta de dólares en la banca, problemas que el nuevo gobierno prometió abordar con urgencia. La búsqueda de apoyo internacional, especialmente con Estados Unidos y países vecinos, ha sido una prioridad para asegurar la llegada de hidrocarburos y estabilizar el mercado.

Sin embargo, la decisión de dar marcha atrás en la fusión de los ministerios de Minería y Hidrocarburos, luego de la presión de los mineros, refleja la fragilidad del proyecto y la necesidad de negociar con sectores que no fueron incluidos en el gabinete.

Conclusiones: ¿un cambio de paradigma o una fractura irresoluble?

Lo que está en juego es más que un simple cambio de gobierno. Bolivia enfrenta el desafío de redefinir su modelo político y social en medio de una crisis económica y un escenario de alta conflictividad social.

El gabinete de Rodrigo Paz simboliza un giro hacia un Estado tecnocrático y empresarial, pero la exclusión de los movimientos sociales que históricamente fueron aliados y actores centrales puede abrir una brecha difícil de cerrar. La gobernabilidad, por lo tanto, pende de un delicado equilibrio entre la capacidad del gobierno para responder a las demandas sociales y la voluntad de estos sectores para dialogar.

En este coliseo político, los protagonistas luchan por imponer su visión del país, mientras la ciudadanía observa expectante, consciente de que las decisiones tomadas ahora definirán el futuro inmediato de Bolivia y su estabilidad.

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Fuentes consultadas incluyen reportajes de La Tercera, El País América, Cooperativa.cl y análisis de expertos bolivianos y latinoamericanos.