Colombia y Estados Unidos en crisis abierta: las sanciones, acusaciones y atentados que tensan la relación
Colombia y Estados Unidos viven un momento de tensión sin precedentes, marcado por una serie de eventos que han ido escalando desde agosto hasta octubre de 2025, y que hoy, a poco más de un mes de los hechos, muestran un panorama complejo y con consecuencias palpables para ambos países.
En agosto, dos atentados terroristas golpearon a Colombia: un camión bomba estalló en una escuela militar en Cali, dejando seis muertos y decenas de heridos, y un ataque con drones derribó un helicóptero policial en Antioquia, causando 13 fallecidos. Estos hechos, atribuidos a disidencias de las FARC, pusieron en el centro del debate la eficacia de la política de "paz total" impulsada por el presidente Gustavo Petro, que busca negociaciones con grupos armados ilegales pero que ha sido duramente cuestionada por la oposición y sectores de la sociedad.
En octubre, la crisis se profundizó cuando el expresidente estadounidense Donald Trump acusó públicamente a Petro de ser un "líder del narcotráfico" y anunció la suspensión de la ayuda financiera estadounidense a Colombia para la lucha antidrogas. Trump afirmó que Petro fomenta la producción masiva de cocaína en todo el territorio colombiano y advirtió que, de no cerrar los "campos de muerte", Estados Unidos tomaría medidas más duras.
La respuesta de Petro fue inmediata y contundente: negó las acusaciones, calificó a Trump de estar "engañado por sus logias y asesores" y se proclamó como el "principal enemigo del narcotráfico" en Colombia en el siglo XXI. Además, el gobierno colombiano rechazó las declaraciones de Trump como una "intervención ilegal" y una amenaza directa a la soberanía nacional, anunciando que recurriría a instancias internacionales para defender la dignidad del país y de su presidente.
Perspectivas encontradas
Desde la derecha colombiana, figuras como la senadora María Fernanda Cabal y la periodista Vicky Dávila aprovecharon la crisis para cuestionar la legitimidad del gobierno de Petro, acusándolo de permitir el avance del narcotráfico y de beneficiar a grupos ilegales con impunidad. Para ellos, la política de "paz total" ha debilitado la seguridad y ha facilitado la violencia y la expansión de las economías ilícitas.
En el otro extremo, líderes de la izquierda y sectores oficialistas defienden la gestión de Petro, resaltando que su gobierno ha logrado la mayor incautación de cocaína en la historia reciente y que ha golpeado las estructuras de los grandes capos. El senador Iván Cepeda y la senadora María José Pizarro enfatizan que la crítica de Trump refleja más bien la responsabilidad histórica de Estados Unidos en la demanda de drogas y que Petro es un mandatario digno que no se somete a presiones externas.
La precandidata presidencial Claudia López llamó a una alianza multilateral para combatir el narcotráfico, subrayando la necesidad de respeto mutuo entre países y la cooperación internacional.
Consecuencias visibles
Uno de los efectos inmediatos de las sanciones estadounidenses fue la negativa de varias compañías en Madrid —filiales o con capital estadounidense— a suministrar combustible al avión presidencial de Petro durante una escala rumbo a Arabia Saudita. Este incidente logístico evidenció cómo las sanciones impactan la operatividad del gobierno colombiano y la interconectividad global.
Además, se reportó el bloqueo de cuentas bancarias de Petro en Colombia, complicando el pago de sueldos y operaciones financieras del Estado. El Ministerio de Hacienda ha tenido que buscar alternativas para sortear estas restricciones, lo que refleja la profundidad del impacto económico y político de la inclusión de Petro en la llamada Lista Clinton del Tesoro estadounidense.
La violencia y la seguridad
Los atentados en Cali y Antioquia no solo pusieron en evidencia la persistencia de la violencia armada en Colombia, sino que también desataron un escrutinio intenso sobre la política de "paz total" y las negociaciones con grupos armados ilegales.
Mientras el gobierno declara a varias disidencias de las FARC y al Clan del Golfo como organizaciones terroristas, la oposición denuncia que la estrategia de diálogo ha debilitado la seguridad y ha permitido un repunte de la violencia.
Expertos señalan que el uso de drones cargados con explosivos, como el que derribó el helicóptero policial, representa una escalada tecnológica en el conflicto armado colombiano, que genera preocupación por el aumento de víctimas civiles y militares.
Conclusiones
Este conjunto de hechos revela una crisis multidimensional que involucra diplomacia, seguridad, economía y política interna en Colombia y su relación con Estados Unidos. La inclusión de Petro en la lista OFAC y las sanciones subsecuentes han generado un efecto dominó que afecta desde la logística presidencial hasta la estabilidad financiera del país.
Las acusaciones cruzadas entre Petro y Trump no solo evidencian una fractura política sino también un choque de narrativas sobre la responsabilidad y el abordaje del narcotráfico, con implicancias directas en la cooperación bilateral y la percepción internacional.
En el plano interno, la violencia reciente y los atentados desafían la viabilidad de la política de "paz total", poniendo en tensión la seguridad ciudadana y la legitimidad del gobierno a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales.
En definitiva, la relación entre Colombia y Estados Unidos se encuentra en un punto crítico, donde las decisiones y discursos de ambos actores tendrán consecuencias de largo alcance para la estabilidad regional, la lucha contra el narcotráfico y la paz en Colombia.