Violencia en La Araucanía: El Estado y la sociedad en una encrucijada sin resolución clara

La tragedia ocurrida en agosto de 2025 en el sector Selva Oscura de Victoria, región de La Araucanía, marcó un nuevo capítulo en un conflicto que se arrastra por décadas y que, a casi tres meses de distancia, sigue sin resolverse ni en sus causas profundas ni en sus consecuencias inmediatas. El ataque que provocó la muerte de Manuel León Urra, guardia forestal, y dejó gravemente herido a César Osorio no solo reavivó la violencia en la zona, sino que puso nuevamente en el centro del debate público la respuesta del Estado y las demandas históricas del pueblo mapuche.

En el epicentro de este enfrentamiento, tres candidatos presidenciales —Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser— elevaron su voz en condena unánime del ataque, pero sus discursos y propuestas exhiben profundas diferencias. Matthei y Kast, desde posiciones conservadoras, apelaron a la necesidad de una respuesta estatal férrea, con énfasis en la desarticulación de lo que denominan "células terroristas". "El Estado no puede seguir de brazos cruzados mientras el crimen avanza", afirmó Matthei en sus declaraciones públicas. Kast, por su parte, calificó el hecho como terrorismo y exigió "actuar con toda la fuerza sobre los terroristas, no más excusas".

Kaiser, desde una derecha libertaria, no solo condenó el ataque sino que vinculó públicamente a sectores del Partido Comunista con la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), generando una polémica que reavivó las tensiones políticas en torno al conflicto. "¿Se harán cargo del daño causado?", cuestionó Kaiser en redes sociales, apuntando a la izquierda política.

Por otro lado, voces desde la izquierda y sectores mapuche enfatizan la necesidad de abordar las raíces históricas del conflicto, que no se reducen a la violencia ni al terrorismo, sino que se vinculan a la demanda por tierras, autonomía y reconocimiento cultural. Para estos actores, la criminalización del movimiento mapuche y la militarización de la región solo profundizan la fractura social y dificultan cualquier camino hacia la paz.

Desde la fecha del ataque hasta hoy, la región ha visto un aumento en la presencia policial y militar, así como una escalada en episodios de violencia y protestas. La respuesta estatal ha sido criticada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que alertan sobre el uso excesivo de la fuerza y la falta de diálogo efectivo.

A nivel regional, las comunidades afectadas viven una dualidad dolorosa: por un lado, el miedo y la inseguridad ante los ataques y la represión; por otro, la persistencia de un reclamo legítimo que no encuentra canales adecuados para su expresión y solución.

Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, es la manifestación visible de un conflicto estructural que atraviesa la historia chilena. La Araucanía se encuentra hoy en un punto de inflexión donde convergen demandas de justicia, seguridad y reconocimiento. La polarización política y social que este conflicto genera se refleja en la disputa por el relato y las soluciones, con el riesgo de profundizar la fractura nacional.

En conclusión, la violencia en La Araucanía no ha sido contenida ni resuelta con las medidas adoptadas hasta ahora. La condena unánime de los candidatos presidenciales no se traduce en consensos ni estrategias integrales. La región sigue siendo un escenario donde convergen tragedias humanas, disputas políticas y desafíos históricos sin respuestas claras. La verdad que emerge es que solo un diálogo profundo, plural y respetuoso, acompañado de políticas que reconozcan la complejidad del conflicto, podrá abrir una senda hacia la paz y la justicia.

Fuentes consultadas incluyen reportajes de La Tercera, declaraciones públicas de los candidatos, análisis de organismos de derechos humanos y testimonios de comunidades locales.