
En un escenario donde el litio se ha consolidado como recurso estratégico para Chile y el mundo, el reciente acuerdo entre la estatal Codelco y la minera no metálica SQM ha desatado un debate que va más allá de lo técnico y económico, para adentrarse en el terreno político y ético. El 10 de noviembre de 2025, el comando de Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, emitió una dura crítica al Ejecutivo por la forma en que se concretó este acuerdo, señalando una falta de transparencia y cuestionando la ausencia de un proceso de licitación.
"Lo más transparente y conveniente para Chile habría sido hacer esto a través de una licitación y, de manera inexplicable, el Gobierno no lo hizo", afirmó Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, en representación del sector. Esta declaración no solo pone en tela de juicio la gestión gubernamental, sino que también abre una grieta en el discurso oficial sobre la administración de los recursos naturales.
El acuerdo, aprobado por el regulador chino, permite a Chile ingresar directamente al negocio del litio en el Salar de Atacama, una jugada estratégica en el contexto global de la transición energética. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo el pacto ha levantado suspicacias. Desde el comando de Matthei sostienen que la magnitud de la operación ameritaba un proceso competitivo que asegurara la mejor oferta para el Estado y la sociedad.
Pese a las críticas, el mismo comando aseguró que respetará el acuerdo en caso de que Matthei llegue a La Moneda, enfatizando la importancia de la certeza jurídica y la imagen internacional de Chile como país serio. "Este tipo de acuerdos deben respetarse porque nosotros respetamos los compromisos que Chile adquiere como nación", concluyó Ramírez.
Desde otra óptica, el Gobierno ha defendido la legalidad y conveniencia del acuerdo, argumentando que responde a una estrategia para fortalecer la presencia estatal en el mercado del litio sin dilatar procesos que podrían ser complejos y lentos. Sin embargo, la falta de una licitación ha sido un punto recurrente de cuestionamiento por parte de distintos sectores, que ven en ello un riesgo para la transparencia y la eficiencia en el manejo de un recurso clave para el futuro económico del país.
En el trasfondo, esta disputa refleja tensiones más profundas entre las promesas de renovación y transparencia que la política chilena ha esgrimido en los últimos años, y las prácticas consolidadas en la administración pública y empresarial. La crítica del comando Matthei se inserta en un contexto electoral donde la gestión del litio no es solo un tema técnico, sino un símbolo de cómo se concibe el desarrollo nacional y la participación del Estado en la economía.
El debate ha generado repercusiones en distintos ámbitos: expertos en minería y energía advierten sobre la importancia de procesos claros y competitivos para atraer inversión y generar confianza; organizaciones sociales demandan mayor participación y control ciudadano; y la opinión pública observa con atención cómo se manejan los recursos que podrían definir el futuro económico y social de Chile.
Con este episodio, queda en evidencia que el manejo del litio en Chile no solo es un desafío económico, sino también político y ético. La ausencia de licitación en un acuerdo de esta envergadura pone en cuestión la transparencia y la gobernanza, temas que seguirán siendo objeto de debate más allá de la campaña electoral.
En definitiva, el episodio Codelco-SQM es un espejo que refleja las tensiones entre la urgencia de avanzar en proyectos estratégicos y la necesidad de respetar procesos que aseguren legitimidad y confianza. La política chilena, en plena contienda presidencial, enfrenta así un desafío doble: ofrecer respuestas concretas y construir narrativas que permitan a la ciudadanía comprender con profundidad las implicancias de estas decisiones.